El Gobierno nacional presentó una apelación formal contra el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenaba entregar el 51% de las acciones de YPF a manos de fondos especulativos. Lo hizo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, sin esperar la resolución del pedido de “stay” (suspensión de la ejecución) que había solicitado días antes.
La decisión del Gobierno responde al intento de frenar lo que considera una afectación directa a la soberanía argentina, dado que el fallo no solo ordena ceder acciones estratégicas, sino que se basa en interpretaciones jurídicas extranjeras sobre una decisión tomada por el Congreso argentino en el año 2012.
📜 ¿De qué trata el fallo de Preska?
La jueza estadounidense falló a favor del fondo Burford Capital, un litigante especializado en comprar derechos de demandas contra Estados, que exigió cobrar 16.000 millones de dólares tras considerar que la expropiación de YPF se hizo de manera irregular.
Preska determinó que el Estado argentino debía transferir en un plazo de 14 días sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM). Esto implica una cesión forzada de parte del paquete accionario que hoy tiene el Estado en la petrolera, una empresa considerada de interés público estratégico.
⚖️ Claves del conflicto legal
- La apelación sostiene que la jueza Preska no tiene jurisdicción válida para intervenir en una decisión soberana tomada por el Congreso argentino, mediante la Ley de Expropiación votada en 2012.
- Además, se cuestiona que el fallo se funde en criterios que chocan con la Constitución Nacional, particularmente en lo que respecta al interés público y la función estatal sobre los recursos naturales.
- Desde el Gobierno argentino se denunció una presión sistemática de los fondos buitres para forzar una negociación directa, utilizando el fallo como herramienta de chantaje financiero.
🧠 Análisis judicial: ¿puede un tribunal extranjero decidir sobre una ley argentina?
El eje del conflicto no es solo económico, sino constitucional y jurídico internacional. La defensa argentina argumenta que ninguna ley o tribunal extranjero puede imponer condiciones sobre decisiones tomadas dentro del marco legal de la soberanía nacional.
Este caso podría transformarse en un precedente global: si se convalida la sentencia, cualquier país que tome medidas soberanas sobre empresas estratégicas podría quedar vulnerable a litigios en tribunales internacionales o estadounidenses, donde actúan fondos que compran juicios para especular.
⚔️ Milei, Burford y la disputa política con Kicillof
En medio del proceso judicial, el presidente Javier Milei apeló el fallo, pero al mismo tiempo hizo declaraciones que debilitan la posición jurídica de Argentina, al reconocer parcialmente los argumentos de Burford. Esta contradicción fue denunciada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien acusó al gobierno nacional de alinearse con los intereses de los demandantes.
Kicillof fue ministro de Economía en 2012, cuando se nacionalizó YPF con el respaldo de una amplia mayoría legislativa. Ahora, sostiene que la administración actual pone en riesgo la soberanía energética, y advirtió que investigará posibles vínculos del oficialismo con el fondo Burford.
🏛️ ¿Qué sigue en el proceso?
- La apelación será evaluada por la Corte del Segundo Circuito, que decidirá si confirma o revoca el fallo de Preska.
- Mientras tanto, Argentina pidió el “stay” para suspender la ejecución inmediata de la orden.
- Si no se concede el “stay” y la apelación es rechazada, podría ejecutarse la cesión forzosa de las acciones, o abrirse un canal de negociación directa con Burford para alcanzar un acuerdo de pago.
📌 Conclusión: entre la ley y la presión financiera
Este caso evidencia el conflicto entre el derecho soberano de los Estados y el avance del poder financiero transnacional. La decisión judicial de Preska se apoya en una lectura que desconoce la legalidad interna argentina y abre la puerta a que fondos buitre utilicen tribunales extranjeros como herramientas de presión.
La apelación presentada por el Gobierno es, por ahora, el último recurso legal para defender la propiedad estatal de YPF, pero también una prueba de fuego para la capacidad política del oficialismo de sostener una defensa coherente, sin grietas internas ni concesiones discursivas al lobby financiero.
