Con amplio respaldo opositor, la Cámara de Diputados logró dictamen en comisiones para declarar la emergencia nacional en pediatría por un año, modificar el régimen de residentes y asegurar el financiamiento del Hospital Garrahan. El proyecto podría tratarse en el recinto en agosto.
Con apoyo mayoritario de los bloques opositores, la Cámara de Diputados logró este martes un dictamen favorable para declarar la emergencia nacional en pediatría por el plazo de un año. La iniciativa, firmada por 65 legisladores, fue impulsada en el marco de un plenario de las comisiones de Presupuesto, Salud y Familia, donde se evidenció una marcada ausencia del oficialismo. El proyecto contó con el respaldo de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, el Socialismo, Innovación Federal y otros espacios opositores, que lograron el número necesario para avanzar hacia un posible debate en el recinto durante la primera semana de agosto.
El proyecto establece una serie de medidas concretas orientadas a enfrentar la crítica situación del sistema pediátrico. Propone que el Estado nacional pueda realizar compras directas de insumos esenciales para garantizar la atención médica en todo el país, y retrotrae las condiciones laborales de los médicos residentes al régimen previo a la Resolución 2109/2025, que había generado un amplio rechazo. Además, incluye beneficios impositivos como la exención del impuesto a las Ganancias sobre las guardias y las horas extra del personal de salud, con el objetivo de frenar la pérdida de profesionales y fortalecer los equipos médicos en hospitales públicos.
Un punto central del dictamen es el financiamiento garantizado del Hospital Garrahan, que el texto reconoce como institución de referencia nacional en alta complejidad pediátrica. Se establece que el Gobierno deberá asegurar los recursos necesarios para su funcionamiento pleno durante todo el período de emergencia. Aunque el oficialismo no presentó un dictamen alternativo ni logró bloquear el avance del proyecto, todavía resta la definición sobre su tratamiento en el recinto. La expectativa está puesta en una posible sesión a principios de agosto, aunque el receso invernal y la resistencia del Ejecutivo podrían demorar o incluso frenar su avance.
