El debate que tiene lugar hoy en el Senado de la Nación trasciende lo estrictamente legislativo: se trata de una pulseada de alto voltaje político que confronta el modelo económico del Gobierno nacional con un reclamo de derechos básicos de uno de los sectores más vulnerables del país. El colectivo de personas con discapacidad, junto a organizaciones sociales y profesionales del área, presiona para que se sancione la ley que declara la “emergencia” en el sector, ya aprobada en Diputados. El oficialismo, en cambio, minimiza el impacto del recorte y defiende el ajuste como una necesidad fiscal.
⚖️ Derechos vs. motosierra
El “plan motosierra” impulsado por Javier Milei encontró en el sistema de políticas para personas con discapacidad un blanco estructural para reducir el gasto público. Lo que en los papeles se presenta como una “reestructuración” o “eficiencia en el gasto”, en los hechos implicó desfinanciamiento masivo de prestaciones, recorte de pensiones, restricciones de acceso a nuevos beneficios y un vaciamiento sin precedentes de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
En números concretos: la pensión por invalidez hoy equivale a el 70% de una jubilación mínima, congelada en términos reales; el trabajo en talleres protegidos es remunerado con apenas $28.000 mensuales, y los honorarios profesionales se pagan con retrasos de hasta 6 meses, situación que amenaza la continuidad de los servicios de apoyo, transporte, rehabilitación e integración escolar.
🏛️ El Congreso como freno institucional
El tratamiento del proyecto que declara la emergencia en discapacidad representa uno de los primeros intentos concretos del Poder Legislativo para corregir o revertir parcialmente el ajuste libertario. Aunque su costo fiscal es mínimo —según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre el 0,03 y 0,42% del PBI, según la medida— el Ejecutivo lo percibe como un riesgo político: significaría reconocer que parte del ajuste fue regresivo, injustificado y vulneró derechos.
El oficialismo ya anticipó que, si la ley se aprueba, analizará un veto parcial o total, y algunos voceros deslizaron la posibilidad de judicializar su implementación. Esta estrategia —que replica el modelo de confrontación que Milei despliega con gobernadores y sindicatos— busca blindar la doctrina del equilibrio fiscal como dogma, incluso por encima de las consecuencias sociales.
🧩 Vaciamiento institucional: la ANDIS, ejemplo del modelo libertario
Uno de los elementos más simbólicos del conflicto es el vaciamiento de la ANDIS, el organismo creado para coordinar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En los últimos meses, se desmantelaron áreas clave, despidieron más de 300 trabajadores —incluidas personas con discapacidad— y se suspendieron canales de atención. El retroceso no es solo presupuestario: implica una regresión conceptual hacia un “modelo médico” centrado en la deficiencia y no en los derechos, algo ya superado por tratados internacionales suscriptos por Argentina.
💬 ¿Qué propone el proyecto de ley?
La iniciativa que se discute hoy en el Senado busca:
- Declarar la emergencia del sector por un año y asignar presupuesto específico mediante reasignaciones ya existentes.
- Actualizar los valores de aranceles y prestaciones para evitar el colapso de servicios educativos, sanitarios y de apoyo a la vida independiente.
- Ampliar el acceso a pensiones no contributivas, eliminando trabas recientes como el “baremo del 66%” o la incompatibilidad con el empleo formal.
- Reestablecer un enfoque basado en derechos humanos, en línea con la Convención de la ONU, derogando normas recientes con terminología y criterios discriminatorios.
🔎 Una batalla simbólica y política
Más allá de los tecnicismos presupuestarios, la disputa de fondo es política: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en su ajuste fiscal? ¿Qué sectores considera “prescindibles”? Y, sobre todo, ¿puede una mayoría parlamentaria construir consensos que limiten una política pública regresiva sin desatar una nueva crisis institucional?
En este caso, el “costo” de defender derechos básicos es mínimo, pero el Gobierno teme el antecedente. Si el Congreso logra imponer una ley que desarma parte del ajuste, podría abrir la puerta a otros sectores sociales a reclamar correcciones, desde jubilaciones hasta educación o cultura.
🔚 Conclusión: una grieta entre ajuste y derechos
Mientras el Ejecutivo endurece su postura, los sectores afectados por el ajuste —como el colectivo de la discapacidad— se convierten en un factor de presión política y social que ya no puede ser invisibilizado. La sesión en el Senado no solo definirá el futuro inmediato de millones de personas, sino también si el Congreso puede frenar el avance de un modelo que considera al gasto social como un obstáculo antes que como una inversión en ciudadanía.
