Organizaciones de discapacidad, prestadores y familiares realizan este martes una jornada nacional de protesta contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Habrá marchas, concentraciones en plazas y un reclamo urgente al Congreso para que anule el veto.
¿Qué denuncian los convocantes?
El Foro Permanente Discapacidad y otras organizaciones denuncian que el veto no es un acto de austeridad, sino de “abandono y exclusión”. La ley había sido aprobada por amplia mayoría y reconocía la grave crisis que atraviesan personas con discapacidad y prestadores de servicios.
¿Qué proponía la ley vetada?
Entre otras medidas, la ley permitía el acceso a pensiones no contributivas a personas con CUD en situación de vulnerabilidad, incluso si tuvieran empleo formal. También otorgaba un aumento extraordinario a prestadores, cuyos ingresos están congelados desde 2024.
¿Cuál es el impacto fiscal?
Los cambios propuestos no implicaban un gran gasto estatal: la ampliación de pensiones representaba un 0,22% del PBI, y el refuerzo a prestadores, un 0,03%. Los montos de pensión no se modificaban: hoy equivalen al 70% de la mínima, con cobertura médica incluida.
¿Cómo afecta el veto al sector?
Prestadores denuncian que están en “agonía”. Muchos trabajan con ingresos precarios —como $3.000 por hora durante 180 días— y podrían cerrar sus servicios. Esto dejaría sin atención a miles de personas con discapacidad que dependen de tratamientos, hogares y centros de día.
