El escándalo por los audios filtrados de Karina Milei escaló a un nuevo nivel político y judicial. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a la Justicia Federal que allane los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, ambos de C5N, tras haber difundido las grabaciones de la secretaria de la Presidencia.
La medida, presentada por el abogado Fernando Soto en nombre del Ministerio de Seguridad, calificó la difusión como de una “gravedad inusitada” y denunció una supuesta “operación de inteligencia ilegal”.
⚡ La respuesta de Rial
Desde su programa Argenzuela, Rial no se guardó nada:
“Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario. Hay pocos países que se atrevieron a atropellar la libertad de prensa pidiendo allanamientos a periodistas. No somos delincuentes ni coimeros: somos periodistas que ejercimos nuestro laburo, y parece que eso molesta al poder.”
El conductor apuntó directamente contra Bullrich:
“Solamente de la cabeza de esta mujer puede salir esta ensalada trasnochada. Están pidiendo allanar nuestras casas y sacarnos nuestros teléfonos. Lo que buscan es que dejemos de investigar.”
En ese sentido, advirtió que la ofensiva oficial confirma la veracidad de los audios filtrados que comprometen a funcionarios de la Casa Rosada.
⚖️ La censura judicial
El episodio se suma al fallo del juez Patricio Maraniello, quien prohibió difundir los audios atribuidos a Karina Milei por cualquier medio, incluyendo redes sociales. La decisión fue duramente cuestionada como un acto de censura previa y restricción de la libertad de expresión.
Para Rial, el presidente Milei “se está convirtiendo en un espejo de Nicolás Maduro”, al avanzar con medidas que calificó como “un atropello a la prensa y al derecho a informar”.
🗣️ La defensa del Gobierno
Desde Casa Rosada, el vocero Manuel Adorni reforzó la acusación oficial y sostuvo que no se trató de una filtración, sino de un “ataque ilegal, planificado y dirigido para desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
Según Adorni, las conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios fueron grabadas y manipuladas “con el fin de condicionar al Poder Ejecutivo”.
La disputa abre un frente crítico para el Gobierno libertario: por un lado, enfrenta acusaciones de censura y persecución a la prensa; por el otro, insiste en que es víctima de una maniobra de inteligencia clandestina. Mientras tanto, los periodistas denunciados aseguran que lo único que hicieron fue cumplir con su rol: publicar información de interés público.
