Un informe exprés de la fuerza exculpó al cabo Guerrero, mientras la causa penal avanza con pruebas que desmienten la teoría del “hecho fortuito”
A casi cuatro meses del disparo que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo al borde de la muerte, el avance judicial contrasta drásticamente con la versión oficial de Gendarmería Nacional, que en apenas 24 horas elaboró un sumario interno exculpatorio, basado exclusivamente en testimonios de sus propios efectivos. Según ese informe, el disparo fue un “hecho fortuito” y el propio Grillo habría sido responsable por colocarse “en la línea de tiro”.
Sin embargo, la causa penal a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano muestra otro escenario: las imágenes y pericias reunidas hasta el momento desmienten el relato de la fuerza, y abren el camino hacia una imputación por delitos graves, como tentativa de homicidio agravado.
📂 Un sumario exprés que elude responsabilidades
El sumario administrativo de Gendarmería fue confeccionado en tiempo récord —un solo día— y concluyó que el cabo Héctor Guerrero, autor del disparo con una pistola lanzagases de 38 mm, no incurrió en ninguna falta disciplinaria. Se argumenta que el disparo fue efectuado “conforme a los protocolos”, que la visibilidad era escasa y que Grillo, al agacharse, quedó accidentalmente en la trayectoria del proyectil.
Esta interpretación no tiene correlato con la prueba objetiva: según el colectivo Mapa de la Policía, que relevó material fílmico de medios y testigos, Guerrero disparó en posición horizontal, un uso antirreglamentario del arma que, según los manuales de la propia fuerza, puede resultar letal.
La reacción institucional deja al descubierto una intención de blindar a los efectivos, al tiempo que responsabiliza a la víctima, una estrategia defensiva que recuerda a otros casos históricos de represión estatal en democracia.
⚖️ Una causa penal que empieza a tomar forma
Gracias al allanamiento ordenado el 19 de junio, el juzgado logró secuestrar el arma utilizada, cartuchos del mismo tipo y el material administrativo. Con esta evidencia, Servini planea una reconstrucción balística, con participación de la Policía de la Ciudad y peritos de parte. Recién entonces se definirán posibles llamados a indagatoria, que hasta ahora no ocurrieron, a pesar de la gravedad del hecho.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), que representan a la familia de Grillo, solicitaron que Guerrero sea citado por tentativa de homicidio agravado por la función pública, además de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
📹 Las pruebas que desmienten el relato oficial
Las imágenes captadas por drones de canales de televisión y por asistentes a la marcha del 12 de marzo, así como los registros fotográficos, confirman que no hubo enfrentamientos directos ni “lluvia de piedras”, como alegó la fuerza. Grillo se encontraba a más de 50 metros de los gendarmes y en una zona despejada, lo que invalida la excusa de haber sido “atacado”.
En uno de los registros, se observa a Guerrero recibiendo una palmada de felicitación de un colega tras el disparo, mientras se escucha a otro agente diciendo: “Estamos excelente, más que bien”. No hay indicios de un entorno caótico que justifique un error operacional. Todo indica una respuesta represiva deliberada y sistemática.
Además, la propia normativa interna entregada por Gendarmería al juzgado es tajante: nunca se debe disparar un lanzagases directamente al cuerpo, ya que puede provocar lesiones severas o la muerte. El proyectil debe ser dirigido al suelo, con un ángulo de 45°, para amortiguar el impacto. Nada de eso ocurrió.
🧾 Una investigación “a medida” para garantizar impunidad
El informe interno fue construido únicamente con declaraciones de miembros de la fuerza, sin participación de peritos externos ni consideración de las pruebas objetivas. El cabo Guerrero incluso dijo no haber sabido del impacto hasta que lo vio “en los medios”, una afirmación poco creíble dado que el proyectil impactó directamente en la frente de Grillo, quien fue hospitalizado de urgencia.
En una muestra más del intento de cierre prematuro del tema, Gendarmería reabrió el expediente administrativo ante un requerimiento judicial, solo para ratificar las mismas conclusiones anteriores, sin profundizar la investigación ni realizar pericias técnicas independientes.
🧠 El valor judicial del peritaje balístico
La próxima etapa clave en la causa será la reconstrucción con el arma secuestrada, que permitirá determinar el ángulo, la distancia y la trayectoria del disparo. Será fundamental para confirmar o descartar la hipótesis oficial del “rebote” del cartucho. Todo apunta a que esa pericia será el punto de inflexión procesal para habilitar imputaciones penales.
Mientras tanto, el cabo Guerrero sigue activo en la fuerza, aunque sin precisiones sobre sus funciones actuales.
🧨 Un hecho que pone a prueba a la justicia
Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un efectivo, sino la legalidad del accionar represivo del Estado frente a la protesta social. El caso Grillo puede marcar un antecedente determinante: si se judicializa seriamente o si, por el contrario, se confirma que el aparato estatal está dispuesto a garantizar impunidad institucionalizada para sus fuerzas de seguridad.
La investigación penal aún está en curso. Pero el mensaje de las pruebas es claro: el disparo que casi mata a un fotógrafo no fue un accidente, y ahora será la justicia quien deberá decidir si el aparato represivo tiene límites o puede operar sin consecuencias.
