El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, aclaró esta semana los motivos detrás de los cambios en los padrones electorales bonaerenses. Frente a las críticas y especulaciones sobre posibles maniobras que puedan influir en el ausentismo electoral, el magistrado explicó que las modificaciones responden, principalmente, al cierre de numerosos colegios privados debido a la crisis económica y a una reestructuración de los circuitos de votación.
📉 Crisis económica, cierres escolares y reordenamiento electoral
Durante el relevamiento de los 19 mil centros de votación habituales, la Justicia Electoral bonaerense detectó que muchos colegios privados dejaron de funcionar en los últimos dos años. Esta situación obligó a un reordenamiento del padrón y la incorporación de al menos 500 nuevas instituciones, entre las que se cuentan escuelas públicas y jardines de infantes habilitados para funcionar como sedes de votación.
El juez remarcó que este proceso también implicó una depuración del padrón electoral, eliminando registros de personas fallecidas o radicadas en otras provincias. Esta limpieza, junto con una geolocalización precisa de los centros, busca que cada ciudadano vote en su circuito correspondiente, facilitando la logística y reduciendo distancias excesivas.
“Limpiamos el padrón geolocalizando las escuelas para que estén en el circuito que debieran estar”, explicó Ramos Padilla.
🏛️ ¿Impacto electoral o estrategia técnica?
Desde el punto de vista político, esta reorganización generó suspicacias entre sectores de la oposición, que temen que los cambios confundan al electorado y fomenten el ausentismo. Sin embargo, Ramos Padilla desestimó esa posibilidad y sostuvo que no existe evidencia empírica desde la ciencia política que relacione la participación electoral con el cambio de locaciones para votar.
La lectura política de esta medida es clave: el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof, había solicitado explicaciones por la alteración de los lugares habituales de votación. El juez respondió asegurando que la modificación tiene un fundamento técnico y logístico, y que no está motivada por intereses partidarios.
🔍 Un padrón más transparente y accesible
Los cambios también se hicieron en respuesta a recomendaciones de observadores internacionales tras los comicios de 2023 y a encuestas realizadas a la ciudadanía. Se priorizó la accesibilidad para adultos mayores, la proximidad con el transporte público y la seguridad de las autoridades de mesa.
Además, se busca reducir el desgaste que genera en el votante tener que movilizarse largos trayectos: “Había personas que se tenían que tomar hasta dos colectivos para ir a votar”, ejemplificó el magistrado.
📊 Participación electoral y contexto nacional
Ramos Padilla también contextualizó el fenómeno del ausentismo electoral en el marco de una crisis de representación, sumada a la fatiga electoral por la seguidilla de elecciones en distintas provincias. Mencionó casos concretos como Chaco, donde votó solo el 52% del padrón, o la Ciudad de Buenos Aires, con un 53% de participación.
En este escenario, el juez señaló que lo que realmente incide en la participación es la falta de información clara, y reclamó una campaña masiva de difusión de los nuevos lugares de votación para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto sin obstáculos.
“Si hay una buena campaña de publicidad, la gente va a votar”, concluyó.
🔴 Análisis político: ¿sinceramiento o oportunidad electoral?
La decisión de reordenar el padrón puede leerse como un intento de mejorar la transparencia y la logística electoral en un año donde el Gobierno nacional y el bonaerense enfrentan una elección decisiva. Con un 40% del padrón nacional concentrado en la provincia de Buenos Aires, cualquier movimiento en la organización electoral puede tener efectos sustanciales en los resultados finales.
Mientras el oficialismo busca blindar su control territorial, la oposición observa con cautela cualquier modificación del sistema. En un país con altos niveles de desconfianza institucional, toda reforma electoral —aunque sea técnica— adquiere inevitablemente un tinte político.
