
El 29 de julio de 1966, por orden del dictador Juan Carlos Onganía, la Policía Federal irrumpió violentamente en cinco facultades de la UBA. Más de 400 personas fueron detenidas y golpeadas, y comenzó así una de las fugas de cerebros más graves de la historia argentina.
Tras el golpe militar que derrocó al presidente Arturo Illia, el nuevo régimen suspendió la autonomía universitaria y disolvió el cogobierno estudiantil-docente. Esa misma noche, efectivos de la Policía Federal ingresaron por la fuerza a varias sedes de la Universidad de Buenos Aires, entre ellas la Facultad de Ciencias Exactas, desalojando a golpes a estudiantes, docentes y graduados que protestaban contra la intervención.
La represión fue brutal. Los agentes formaron pasillos humanos y golpearon sin distinción con largas porras, los llamados “bastones largos”. El saldo fue de más de 400 personas detenidas, decenas de heridos, bibliotecas destrozadas y equipos de laboratorio arruinados. Las imágenes del decano Rolando García siendo golpeado se volvieron íconos del autoritarismo universitario.
La consecuencia fue devastadora: más de 1.300 profesores renunciaron o fueron desplazados. Muchos de ellos emigraron a universidades de Europa y América del Norte, dejando vacíos enormes en las aulas y en los centros de investigación. La comunidad científica argentina sufrió un retroceso irrecuperable, y ese éxodo marcó una generación.