El Gobierno porteño propone sancionar con montos de hasta $1.000.000 a quienes manipulen contenedores en la vía pública, en una medida que despierta fuertes polémicas.
La iniciativa impulsa un nuevo régimen de faltas que incluye multas de $14.446 a $144.660 por sacar residuos fuera del horario permitido o no separar basura correctamente. Un artículo especialmente controvertido castiga con hasta $101.262 a quien extraiga materiales de los contenedores. Y cuando se trate de una persona jurídica, como una cooperativa de cartoneros, la sanción puede superar el millón de pesos, además de decomiso de material y obligación de realizar reparación verde.
La propuesta, firmada por la ministra de Espacio Público y vicejefa porteña electa, Clara Muzzio, ya recibió dictamen en comisión y será sometida a votación en la Legislatura. Tras su ingreso durante la campaña electoral, el debate reclamó presencia de funcionarios del Ejecutivo para responder dudas.
Organizaciones sociales y cooperativas de recicladores expresaron su rechazo: consideran que la medida penaliza a quienes buscan reciclables o comida en los tachos, en un contexto de pobreza creciente. “Es el fracaso total de la política para resolver problemas de la gente”, afirmó Francisco Dorbessan, de la Federación de Cartoneros y Cartoneras.
Desde el arco político también reclaman más debate: legisladoras de Unión por la Patria pidieron postergar la votación y convocar a funcionarios del área de Higiene Urbana a las comisiones. Incluso desde el oficialismo consideraron limitar las multas solo a personas jurídicas, dejando fuera a quienes recolectan de forma independiente.
