En la antesala de una movilización histórica en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional oficializó un nuevo protocolo de seguridad altamente polémico. La ministra Patricia Bullrich habilitó a la Policía Federal Argentina (PFA) a realizar requisas personales y de vehículos sin orden judicial, y a detener personas hasta 10 días solo para identificarlas, en lo que podría ser el operativo represivo más grave desde la vuelta a la democracia.
La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, a tan solo 24 horas de la marcha convocada a Comodoro Py en rechazo a la proscripción de la exmandataria. El decreto 383/2025 plantea una reforma integral del accionar de la PFA, ampliando sus poderes en la vía pública con criterios amplios y vagos, lo que abre la puerta al abuso de autoridad y la criminalización de la protesta social.
🔍 ¿Qué habilita el nuevo decreto?
El texto establece que la Policía Federal podrá:
- Realizar requisas sin orden judicial cuando existan “circunstancias objetivas” que hagan presumir la comisión de un delito.
- Inspeccionar efectos personales y el interior de vehículos, incluso aeronaves o embarcaciones.
- Ejecutar detenciones preventivas por identificación, con un plazo de hasta 10 días de retención.
- Implementar estos procedimientos en la vía pública o espacios de acceso público, incluso sin hechos previos que los justifiquen.
Es decir, cualquier persona que asista a la marcha de mañana podría ser detenida, requisada o interrogada arbitrariamente.
🧠 El trasfondo político: control, miedo y disciplinamiento
La medida no es neutra. Se da en el contexto de una reestructuración profunda de la Policía Federal que busca, según el propio decreto, “modernizar protocolos” y “redefinir el perfil del personal”. Pero en los hechos, lo que se observa es un refuerzo del aparato represivo del Estado ante el crecimiento de la protesta social.
Bullrich consolida así una lógica de militarización del conflicto político: a los reclamos populares no se responde con diálogo, sino con tecnología, inteligencia policial y fuerza disuasiva.
Desde sectores de derechos humanos y del arco opositor ya alertaron sobre el riesgo de retroceso democrático que implican estas reformas. “Es inconstitucional detener personas por prevención”, señalaron desde el CELS.
⚠️ ¿Reforma o regresión autoritaria?
Aunque el gobierno habla de “modernización”, el decreto detalla que:
- Se reasignarán recursos a las áreas consideradas “estratégicas”, en detrimento de otras funciones.
- La Dirección de Asuntos Internos de la PFA responderá también al Ministerio de Seguridad, lo que pone en duda su autonomía.
- Se reducirá el número de ingresantes a la fuerza, priorizando un perfil “más eficiente y funcional a los nuevos objetivos”.
- Se creará un programa presupuestario para invertir en tecnologías represivas, con fondos provenientes del “ahorro” por la baja de efectivos.
Todo esto en un momento delicado, tras el reciente asesinato del joven Thiago Correa, baleado por un agente de la Federal que vació su cargador sin justificación clara.
📆 La marcha de mañana: ¿libre expresión o zona de vigilancia?
La marcha convocada por el peronismo y organizaciones sociales para este miércoles 18 de junio es vista como un parteaguas. No solo por la defensa de Cristina Kirchner, sino porque se pondrá a prueba el alcance real de estas nuevas facultades policiales.
Si la Policía aplica el protocolo en su versión más dura, podría haber decenas de detenciones preventivas, requisas masivas y escenas de represión que tensionen aún más el clima político.
Si no lo hace, será porque la presión social logró frenar un operativo que en cualquier otra circunstancia sería considerado ilegal e inconstitucional.
🧩 Conclusión: Bullrich busca blindar el poder con más policía y menos derechos
El nuevo reglamento firmado por Patricia Bullrich no es una simple readecuación técnica. Se trata de un cambio de paradigma en la seguridad interior, que reduce garantías constitucionales, amplía el margen de arbitrariedad y debilita el derecho a la protesta.
En tiempos donde la calle se convierte en el último espacio de resistencia, cualquier intento de control estatal sobre el cuerpo, el tránsito y la palabra debe ser analizado con lupa.
Porque lo que está en juego no es solo una movilización. Es el derecho de un pueblo a expresar su disenso sin miedo a ser detenido.
