El veto presidencial a las leyes aprobadas por el Congreso —aumentos jubilatorios, emergencia en discapacidad, moratoria previsional, coparticipación de combustibles y reparto de ATN— no es solo una herramienta institucional: se convirtió en el nuevo campo de batalla política del Gobierno de Javier Milei. Sin mayoría propia y con crecientes cuestionamientos incluso entre antiguos aliados, el oficialismo apuesta a una negociación de urgencia con gobernadores para impedir que el Congreso le doble la apuesta.
El encargado de operar esa estrategia es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, figura bisagra del oficialismo: dialoguista en el discurso, inflexible en el fondo. Con un plazo constitucional que vence en pocos días, Francos encabeza un operativo contrarreloj para garantizar al menos 86 diputados que no voten contra los vetos presidenciales. De conseguirlo, los proyectos se caerían y el Gobierno evitaría una derrota institucional.
🏛️ De la motosierra al toma y daca
El discurso de “no hay plata” se relativiza cada vez que el Gobierno necesita sostener el equilibrio político. Esta vez, el oficialismo está dispuesto a ofrecer lo que antes negaba: partidas extraordinarias, reparto de ATN, eventuales retornos de coparticipación y hasta guiños electorales. Francos no lo oculta: “Estamos negociando en un clima propio de un momento electoral”. En otras palabras, la motosierra cede cuando se trata de blindar el veto.
📉 El Gobierno, acorralado por sus propios límites
La necesidad de recurrir a los gobernadores para sostener el veto es el reconocimiento tácito de que el Ejecutivo no puede controlar el Congreso por sí solo. Aunque Francos sostiene que “hay muchos gobernadores que quieren acordar con nosotros”, lo cierto es que la mayoría de los mandatarios radicales y peronistas distanciados ya manifestaron malestar por el ajuste asimétrico. El PRO, por su parte, atraviesa una etapa de absorción forzada bajo el sello de La Libertad Avanza y no garantiza fidelidad automática.
De hecho, las leyes vetadas por Milei fueron aprobadas con un frente amplio de oposición que incluyó al radicalismo, al peronismo no kirchnerista, y a algunos legisladores sueltos que suelen negociar caso por caso. Frente a ese escenario, la estrategia del Gobierno consiste en debilitar ese frente mediante prebendas y desgaste.
🔁 El veto como símbolo de poder… o de debilidad
El Gobierno no oculta su voluntad de vetar todo lo que el Congreso le apruebe y que afecte su plan de ajuste. Pero si los vetos son rechazados por las dos cámaras —con dos tercios de los votos—, el Presidente quedaría en una posición de debilidad institucional inédita desde su asunción. En ese caso, no le quedaría otra que judicializar las leyes o aceptarlas, lo que significaría una rendición política ante la mayoría parlamentaria.
Por eso la prioridad es sostener el veto en Diputados, donde el oficialismo tiene más posibilidades. El objetivo ya no es ganar votaciones, sino evitar derrotas: que algunos diputados no den quórum, no asistan o se abstengan, alcanzaría para mantener el veto vigente. Esa lógica refuerza una concepción del Congreso como obstáculo más que como poder independiente, eje central del relato libertario.
🎭 El plan Milei: entre el relato y el pragmatismo
En su discurso público, Milei insiste en que no va a tranzar con “la casta”, pero en los hechos, la política se impone a la narrativa. El Gobierno necesita de esos mismos actores a los que desprecia para que su agenda económica no naufrague. La paradoja es evidente: el plan de ajuste requiere alianzas, incluso con quienes el Presidente denuesta a diario en redes sociales o micrófonos.
Además, al admitir la posibilidad de acuerdos electorales con gobernadores, Francos anticipa una fusión entre la política fiscal y la electoral. El mensaje es claro: “te salvo los números provinciales si tus diputados me salvan el veto”. La moneda de cambio no es ideológica, sino pragmática.
🔚 Conclusión: Milei enfrenta su propio dilema
Lo que está en juego no es solo un paquete de leyes vetadas, sino la capacidad del Gobierno para sostener su programa sin mayorías propias y sin negociar con el Congreso. La Casa Rosada apostó todo al veto como herramienta de poder, pero el Congreso mostró músculo político. Ahora, la tensión se traslada a las provincias, convertidas en terreno clave para definir si Milei puede imponer su voluntad por la fuerza o si deberá ceder ante las instituciones.
Como dijo un legislador opositor: “El problema del Presidente no es la casta: es la democracia”.
