Mientras el reloj judicial corre hacia el vencimiento del plazo de presentación en Comodoro Py, el caso de Cristina Fernández de Kirchner ingresa en una etapa crítica. Su defensa formalizó un pedido de prisión domiciliaria, argumentando que están dadas no solo las condiciones legales, sino también las de seguridad institucional y personal. La resolución, en manos del Tribunal Oral Federal N°2, podría definirse antes del miércoles, cuando vence el período otorgado por el juez Jorge Gorini.
⚖️ Una solicitud fundada en derechos y riesgos
El núcleo del planteo realizado por los abogados Alberto Beraldi y Ari Llernovoy radica en que Cristina Kirchner supera los 70 años, lo que la habilita legalmente a cumplir condena bajo arresto domiciliario. Pero los fundamentos del pedido van más allá del requisito etario: subrayan una obligación estatal de proteger la integridad de exmandatarios, según normativa vigente.
En un contexto de máxima tensión política, los letrados enfatizaron que CFK fue víctima de un intento de magnicidio en 2022, lo que, sumado a la falta de avances en la investigación sobre los autores intelectuales y los presuntos vínculos con altos sectores del poder político y económico, refuerza la necesidad de evitar su ingreso al sistema penitenciario tradicional.
🚨 Riesgos institucionales y estándares internacionales
La defensa sostiene que la detención en un penal común no garantiza los estándares mínimos de seguridad. En ese sentido, señalan que el Servicio Penitenciario Federal depende de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que plantea un posible conflicto de intereses y eleva el riesgo de vulneraciones.
Además, el aislamiento extremo al que debería someterse a CFK por razones de custodia no es compatible con los tratados internacionales sobre derechos humanos en materia de ejecución penal. Ni las condiciones carcelarias ni el esquema de seguridad institucional vigente permitirían un cumplimiento de pena digno, según la presentación.
🧠 El “socioambiental”: una pieza clave antes del fallo
Antes de resolver el pedido, el juez Gorini solicitó un informe socioambiental sobre el domicilio actual de la expresidenta en San José al 1100, el epicentro simbólico del apoyo militante. Este procedimiento, a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, implica una evaluación del entorno familiar, estado de salud, condiciones de vivienda y dinámica cotidiana.
El informe, junto con la opinión del fiscal Diego Luciani, será determinante para el dictamen final, que puede recaer solo en Gorini o en el pleno del TOF2, que también integran Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
📡 Audiencias virtuales y estrategia preventiva
La defensa también solicitó que todas las notificaciones se realicen por Zoom, replicando la modalidad que rigió durante el juicio oral. Con este recurso buscan evitar una movilización masiva como la que se dio en 2016, cuando Cristina fue citada por el fallecido Claudio Bonadio. Esta medida apunta a desactivar cualquier escenario de tensión social y, al mismo tiempo, preservar la institucionalidad del proceso.
Incluso plantearon que no se utilice tobillera electrónica, ya que la expresidenta nunca incumplió una citación judicial. Según fuentes cercanas al tribunal, esta posibilidad está siendo evaluada favorablemente.
🔥 La ofensiva fiscal: persecución con ropaje legal
En paralelo, los fiscales Luciani y Sergio Mola reactivaron su estrategia confrontativa: presentaron un recurso de reposición para exigir la inmediata detención de todos los condenados tras el fallo de la Corte Suprema. Acusan al juez Gorini de fijar plazos “discrecionales” y sostienen que la demora vulnera la “tutela del sistema republicano y democrático”.
Sin embargo, no explicitan cuáles serían los riesgos procesales concretos ni justifican por qué el cumplimiento inmediato es más garantista que uno ordenado. Esta presión revela una vez más el carácter político de la fiscalía, cuyo accionar durante el juicio —especialmente tras su viaje a Estados Unidos— fue más teatral que jurídico, con pruebas frágiles y una narrativa persecutoria.
📍 ¿Qué se juega con la domiciliaria?
Más que una cuestión de comodidad, el pedido de prisión domiciliaria es una jugada estratégica y simbólica. Evitar que Cristina Kirchner pise una celda tiene múltiples implicancias: preserva su figura política, reduce el riesgo de tensiones sociales y pone en evidencia la debilidad institucional de un sistema judicial que llegó a condenarla sin pruebas directas y bajo presión mediática.
A la vez, si se aprueba, habilita un nuevo escenario: una líder política condenada, pero activa, visible y rodeada por su militancia, sin restricciones al uso de dispositivos, con posibilidad de recibir visitas y —salvo disposición contraria— mantener actividad política.
La fiscalía, previendo esto, podría buscar limitar esos derechos. Pero los estándares internacionales en materia de ejecución penal y derechos políticos son claros: la prisión domiciliaria no suspende la ciudadanía.
🧭 Cristina, la política condenada que no se rinde
Todo indica que la expresidenta no teme quedar detenida. Según sus allegados, se mantiene tranquila, serena y trabajando. El destino inmediato depende del fallo del tribunal, pero el trasfondo es más profundo: una disputa entre el aparato judicial y el poder popular que la sostiene.
El miércoles será un punto de inflexión. Pero lo que está en juego no es solo la libertad de Cristina, sino el límite entre justicia y venganza política.
