El gobierno de Javier Milei amplió por decreto las atribuciones de la Gendarmería Nacional, habilitándola a realizar tareas de inteligencia criminal, acceder a bases de datos públicas y privadas, y actuar directamente para “restablecer el orden público” sin necesidad de intervención judicial.
El Decreto 383/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, fue firmado por el presidente, el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consolidando así un giro represivo en el diseño de las fuerzas federales.
La medida profundiza una tendencia iniciada semanas atrás con la reestructuración de la Policía Federal y fue adoptada en el último día de vigencia de los “superpoderes” otorgados por la Ley Bases, lo que le permitió al Ejecutivo avanzar sin control legislativo. Además, se oficializó luego de varios operativos en los que Gendarmería actuó en piquetes y cortes de ruta.
El decreto transfiere a Gendarmería funciones que estaban bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como el control de rutas nacionales, pasos fronterizos y puentes. También autoriza a la fuerza a producir “inteligencia criminal” en base a la ley 25.520, lo que implica acceso a información sensible de organismos públicos y privados. Esta expansión de atribuciones refuerza el rol de la Gendarmería como fuerza de intervención directa en la vía pública.
Uno de los aspectos más controvertidos es que el Ministerio de Seguridad podrá ordenar la intervención de la fuerza sin requerimiento judicial, en nombre del “orden público”. El nuevo reglamento también incorpora una cláusula que permite sumar funciones adicionales por decisión política, sin precisar sus alcances. Así, se establece un esquema de actuación autónoma que reduce los controles institucionales sobre las fuerzas federales.
Aunque el gobierno justifica la decisión en la necesidad de enfrentar el crimen organizado y responder a emergencias, el marco normativo amplía el margen para operativos sin supervisión judicial ni transparencia. En un contexto de conflictividad social y creciente uso de las fuerzas federales frente a protestas, el decreto representa un avance preocupante sobre derechos civiles y garantías constitucionales.
