Un verdadero bochorno salió a la luz en Chubut. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres pateó el tablero y firmó el decreto que terminó de una vez con el insólito refugio estatal de Cecilia Torres Otarola, la ex ministra de Familia y Desarrollo Social que había sido condenada a casi tres años de prisión en la explosiva causa “Ñoquis Calientes”.
La funcionaria, acusada de armar una red de empleados fantasma que jamás trabajaban pero igual cobraban sueldos del Estado, seguía enquistada en la administración pública como si nada hubiese pasado.
“Desde el primer día dijimos que no íbamos a permitir que corruptos condenados sigan viviendo de los chubutenses”, disparó Torres al anunciar la medida, que también firmó su ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.
Una condena que sacudió a la provincia
Torres Otarola fue hallada culpable de fraude a la administración pública y exacciones ilegales: obligaba a sus asesores “ñoquis” a devolver parte del sueldo en un mecanismo perverso que le garantizaba réditos personales.
La Justicia la castigó con 2 años y 8 meses de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Aun así, y en una burla al sentido común, seguía atornillada al Estado hasta que Nacho Torres le bajó el pulgar definitivo.
“Un golpe a la imagen del Estado”
El decreto oficial no ahorra adjetivos: advierte que las maniobras de la ex funcionaria “afectaron de manera grave la imagen del sistema de salud y del Estado provincial en su conjunto”.
La causa, conocida mediáticamente como “Ñoquis Calientes”, ya pasó a la historia como el primer fallo en Chubut que condena con cárcel a funcionarios por contratar gente que no cumplía función alguna.
El fiscal Rodríguez fue más allá: “Provocó un daño inmaterial, a la moral, a la confianza hacia las instituciones. Era corrupción descarada”.
