El Ejecutivo afina un proyecto que promete “modernización” pero esconde un fuerte recorte a las conquistas laborales. Contratos flexibilizados, jornadas extendidas y el fantasma del fin de las indemnizaciones: el nuevo plan oficial busca contentar a los mercados mientras la clase trabajadora vuelve a quedar en la cuerda floja.
El Gobierno pisa el acelerador con su reforma laboral y, según el abogado laboralista Julián de Diego —uno de los pocos que accedieron al borrador oficial—, el plan apunta a “actualizar” un marco legal con más de cincuenta años. Sin embargo, detrás del discurso técnico y las promesas de “modernización”, el proyecto despierta alarma: habilita nuevas formas de contratación precaria, flexibiliza la jornada laboral y abre la puerta a un sistema que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales por un fondo administrado por bancos o aseguradoras.
En otras palabras: menos derechos para los trabajadores, más beneficios para las empresas.
De Diego, consultado por el equipo del Ministerio de Trabajo, admitió que la iniciativa incluye unos 90 artículos que tocan desde el contrato inicial hasta el derecho de huelga. Un avance que, según el especialista, “dará aire fresco” a la legislación. Pero para sindicatos y expertos en derecho laboral, se trata de una maniobra que busca desarmar décadas de protección al trabajador bajo el disfraz de la eficiencia.
El proyecto permitiría extender jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que no se superen las 48 horas semanales. En la práctica, eso podría traducirse en turnos agotadores y semanas laborales variables, dependiendo del “banco de horas” que las empresas negocien con los sindicatos.
Además, se impulsa la creación de un “Fondo de Cese”, un fideicomiso que reemplazaría la indemnización por despido por un esquema de aportes mensuales. Para financiarlo, los empleadores aportarían entre un 2% y un 10% del salario, una medida que muchos analistas consideran un paso directo hacia la eliminación del sistema indemnizatorio tradicional.
Mientras el oficialismo promete “reglas claras para atraer inversiones”, la realidad es que el costo lo pagarán los trabajadores. La reforma laboral, sumada a los ajustes previsionales y fiscales que ya circulan en despachos oficiales, consolida un modelo que busca achicar el gasto y “liberar al mercado”, incluso si eso implica retroceder décadas en materia de derechos sociales.
Según trascendió, el texto definitivo recién saldrá a la luz después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Pero el rumbo ya está marcado: una reforma pensada para los números de los empresarios, no para la dignidad del trabajador argentino.
