En una medida que promete golpear directo al bolsillo de miles de familias, el Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados. Desde ahora, las instituciones podrán aumentar lo que quieran, cuando quieran y sin pedir permiso. Otra “libertad” que paga el pueblo.
El Gobierno de Javier Milei volvió a soltarle la mano a los argentinos. Esta vez, a través de la derogación del Decreto 2417/93, que durante más de tres décadas limitó los aumentos en los colegios privados. Desde ahora, las instituciones educativas podrán fijar sus cuotas sin avisar ni esperar autorización del Estado. En criollo: los aumentos llegarán cuando menos se los espere, y las familias deberán agachar la cabeza y pagar.
El Ministerio de Capital Humano celebró la medida como un “avance en la autonomía institucional”, pero lo cierto es que significa un nuevo golpe a los bolsillos que ya no dan más. Las cuotas podrán subir cada mes, sin topes ni plazos, y el único requisito será avisar después del aumento.
En 2024, las cuotas escolares crecieron un 169%, superando ampliamente la inflación. Con esta decisión, el panorama solo empeora: el Gobierno se desentiende del control y deja librado el acceso a la educación a las reglas del mercado.
Detrás del discurso de la “libertad educativa”, lo que se esconde es un sinceramiento brutal del modelo mileísta: la educación como privilegio y no como derecho. Mientras el Presidente habla de eficiencia, los padres y madres vuelven a hacer cuentas para ver si podrán pagar el colegio de sus hijos.
El nuevo esquema afecta a unas 2.000 instituciones sin aportes estatales, pero la medida marca un precedente claro: la desregulación total avanza, y el Estado se borra del mapa. La “libertad” de los colegios se traduce en la desesperación de las familias. Una vez más, el ajuste cambia de nombre… pero siempre recae en los mismos.
