El aparato represivo del Estado, que el gobierno de Javier Milei prometió “liberar” y dotar de impunidad con su discurso de “mano dura”, demostró una vez más su lado más oscuro. Un jurado popular en Mar del Plata se vio obligado a condenar a tres efectivos policiales por el delito de “vejaciones” contra dos adolescentes ([Fuente: Andar]).
Este fallo categórico no es una victoria, sino la prueba del abandono total del control civil sobre las fuerzas de seguridad, que se sienten avaladas por el discurso oficialista para actuar fuera de la ley. Mientras el presidente alienta la represión, la justicia expone que la supuesta “seguridad” es, en realidad, una fuente de abuso. La condena llega tarde, pero es un grito de alerta: la violencia institucional es un cáncer que crece bajo la mirada cómplice del actual Gobierno Nacional.
