El Gobierno terminó su reforma laboral a puertas cerradas y ahora corre desesperado por el Congreso para juntar los votos que no tiene. El texto, redactado por un círculo mínimo y sin consulta real, llegó esta mañana a los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich, quienes quedaron a cargo de imponerlo como sea.
Mientras la economía tambalea, el Ejecutivo insiste con una reforma que ni sindicatos ni empresarios respaldan. La CGT la rechazó de plano y la calificó como un ataque directo a los derechos laborales. Incluso la UIA cuestionó el proyecto y pidió que el Gobierno dejara de improvisar.
El paquete elaborado por Federico Sturzenegger incluye medidas explosivas: fin de la ultraactividad, cambios en convenios colectivos, recortes a sindicatos, flexibilización para empleo joven y una supuesta “democracia sindical” diseñada desde un escritorio. Un menú que promete más conflicto que soluciones.
A partir del 10 de diciembre, en sesiones extraordinarias, Bullrich activará una cacería de votos para aprobar la reforma y el Presupuesto 2026. Menem, por su parte, intenta arrebatarle la primera minoría al peronismo antes del recambio legislativo, en un clima político cada vez más tenso.
En paralelo, Adorni y Santilli recorren provincias buscando apoyos entre los gobernadores aliados. Esta semana verán a Jorge Macri y Sergio Ziliotto en reuniones clave para sostener una estrategia legislativa que ya muestra debilidad desde el inicio.
En un país golpeado por inflación, tarifazos y cansancio social, el Gobierno apuesta a una reforma escrita a las apuradas, sin diálogo y con un objetivo evidente: instalar el ajuste más duro bajo el disfraz de “modernización”. Una jugada que promete más problemas que respuestas.
