En pleno caos económico y mientras el Gobierno insiste en vender “reformas milagrosas”, un estudio privado destapó otro despropósito oficial: las asignaciones familiares, tal como están diseñadas, castigan al trabajador formal y premian la informalidad, profundizando el desorden laboral que el Ejecutivo dice querer resolver.
Según el informe de IDESA, el sistema actual genera una brecha que espanta la registración. Un dato escandaloso lo resume todo: un trabajador informal con un hijo menor de 3 años puede cobrar hasta $217.000 por mes, mientras que uno formal apenas recibe $60.000. La diferencia —casi cuatro veces— convierte a la formalidad en un lujo imposible.
Mientras tanto, el Gobierno sigue sumando parches y discursos grandilocuentes, pero evita tocar lo esencial. Desde 2012, los ocupados urbanos crecieron en 4 millones, pero solo el 5% corresponden a asalariados privados registrados. La mitad del mercado laboral ya está sumergida en la informalidad, y el Ejecutivo mira para otro lado.
El informe advierte que en las pequeñas empresas —donde dominan los sueldos bajos— esta desigualdad es un disparador directo de trabajo en negro. A eso se suman las cargas sociales y los convenios que el Gobierno promete “modernizar” pero nunca toca en serio.
IDESA propone igualar beneficios por hijo, flexibilizar requisitos jubilatorios y permitir acuerdos laborales por fuera de sindicatos y convenios anquilosados. Pero el Gobierno, atrapado en internas y anuncios vacíos, sigue sin enfrentar la raíz del problema.
El resultado es siempre el mismo: más informalidad, menos derechos y un sistema que condena al trabajador formal mientras el Estado se deslinda de toda responsabilidad.
