Un sistema de salud devastado y un Estado ausente. El Congreso destapó la olla podrida: 173 muertos, documentos falsificados y hospitales que escondieron los cadáveres bajo la alfombra para no pagar el costo político.
Por Redacción InfoDelPlata 02 Dic, 2025
Es oficial: en la Argentina del relato, la salud pública es una trampa mortal. El informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sobre la tragedia del fentanilo contaminado no deja lugar a dudas. Lo que el Gobierno intenta vender como un “accidente” fue, en realidad, una cadena de complicidades y desidia estatal que le costó la vida a 173 personas.
Mientras la política se ocupa de la rosca, el dictamen lapidario expone la inutilidad absoluta del Estado actual para garantizar lo más básico: que un medicamento no te mate.
Un Estado que deja morir
La conclusión de los diputados es un tiro de gracia a la gestión sanitaria: “El Estado carece de herramientas”. Así, sin anestesia. El sistema de control gubernamental es una farsa. Permitieron que los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo inundaran los hospitales con fentanilo podrido, lleno de bacterias multirresistentes, mientras los funcionarios miraban para otro lado.
No fue un error, fue abandono de persona a escala masiva. El informe revela que los laboratorios “dibujaron” los papeles de producción después de que la gente ya estaba muriendo. ¿Dónde estaba el Gobierno mientras falsificaban documentos? Ausente.
La maniobra del encubrimiento: Hospitales cómplices
Lo más tenebroso que revela la investigación es el operativo de silencio. Una vez que estalló el escándalo, en lugar de alertar a la población, el sistema se cerró sobre sí mismo para protegerse.
El documento parlamentario denuncia un “ocultamiento deliberado”. Varios hospitales, dependientes de la gestión pública, se negaron a reportar los casos al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Prefirieron esconder los datos y negar la realidad antes que admitir que estaban administrando veneno en sus terapias intensivas. Tuvieron que ser la Justicia y el juez federal Ernesto Kreplak quienes salieran a allanar instituciones y secuestrar historias clínicas para contar los muertos que el sistema de salud quería ocultar.
Justicia solitaria contra la impunidad política
El juez Kreplak fue contundente ante los legisladores: el sistema de trazabilidad es un colador. No se sabe qué entra, qué sale, ni quién lo controla. Mientras el magistrado avanza con 14 procesados —incluidos los dueños del laboratorio, Ariel y Diego García—, la responsabilidad política sigue intacta.
La diputada Silvana Giudici (PRO) le puso nombre al desastre: “No hay control efectivo… el sistema llegó siempre tarde”. Una frase que resume la gestión actual: llegan tarde para cuidar la vida de los argentinos, pero llegan temprano para encubrir sus errores.
Un país sin control
Las recomendaciones del informe suenan a grito desesperado: piden trazabilidad digital ya, auditorías reales y sanciones para los que esconden datos. El diputado Pablo Yedlin lanzó la advertencia final: “Si no cambiamos todo, esto vuelve a pasar”.
Hoy, el fentanilo contaminado es la prueba irrefutable de un modelo de gestión agotado y peligroso. 173 familias destruidas son el saldo de un Gobierno que no controla, no previene y, lo que es peor, permite que se oculte la verdad mientras la gente muere en los hospitales.
