En medio de una crisis social cada vez más profunda, Javier Milei avanza con una decisión que desnuda el verdadero rostro del ajuste libertario: el Presidente firmará un decreto para aumentarse el sueldo y habilitar subas para toda la cúpula del Ejecutivo.
La medida se publicará el 2 de enero, justo después de las fiestas, cuando jubilados, trabajadores y beneficiarios sociales siguen perdiendo contra la inflación. Tras dos años de congelamiento “testimonial”, el Gobierno admite que los salarios de sus funcionarios se actualizarán para compensar una pérdida del 60% del poder adquisitivo. El problema no es el atraso: es la prioridad.
Mientras el Salario Mínimo apenas supera los $334.800 y el ingreso promedio queda muy lejos de cubrir la canasta básica, Milei ya cobra más de $4 millones mensuales, con ministros y secretarios que superan con holgura cualquier sueldo del sector privado. Para la calle hay motosierra; para el poder, decreto.
El argumento oficial es el mismo de siempre: “no se consigue gente capacitada”. El mismo razonamiento que el Gobierno jamás aceptó cuando docentes, médicos o jubilados reclamaron recomposición. El sacrificio, una vez más, es solo para abajo.
La decisión cuenta con el aval del núcleo duro del oficialismo, que predica austeridad en los discursos pero se garantiza alivio en los bolsillos. Así, el relato del ajuste justo se derrumba frente a la realidad: cuando el modelo empieza a crujir, Milei no recorta privilegios, los refuerza.
