En una sesión maratónica que terminó de madrugada, el Gobierno logró imponer su reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. Ahora la ley quedó en manos de Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en definitiva una de las iniciativas más polémicas desde el regreso de la democracia.
La escena fue el fiel reflejo del momento político: negociaciones contrarreloj, retoques de último minuto y un Congreso funcionando como escribanía de la Casa Rosada. Mientras el kirchnerismo denunciaba un intento de “flexibilización encubierta”, el oficialismo y sus aliados celebraban lo que llamaron el inicio de una “modernización histórica”.
Pero detrás del relato épico, quedaron varias sombras.
Cambios a las apuradas y concesiones incómodas
En las últimas 48 horas, la Casa Rosada introdujo modificaciones clave para contener tensiones con sindicatos y cámaras empresariales. Se mantuvieron los aportes compulsivos —aunque con topes— y el 6% destinado a obras sociales. También se suavizó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más cuestionados por su impacto en las indemnizaciones.
El PRO amagó con rebelarse por la continuidad de los aportes obligatorios, pero terminó alineándose. Una postal repetida: discursos encendidos para la tribuna y votos disciplinados al momento de apretar el botón.
El “anexo” que encendió la polémica
Como si fuera poco, el oficialismo incluyó por la ventana el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La jugada fue cuestionada por no haber tenido tratamiento formal en comisiones ni ampliación del temario. Otro capítulo de un Congreso donde las formas parecen un estorbo cuando el Ejecutivo necesita resultados.
El movimiento incluso generó cortocircuitos internos y dejó en evidencia las tensiones dentro del propio oficialismo.
Un debate caliente y un país partido
Desde el peronismo advirtieron que ninguna reforma laboral “flexibilizadora” generó empleo y acusaron al Gobierno de avanzar contra derechos históricos. Del otro lado, el oficialismo habló de “industria del juicio”, “sistema extorsivo” y una legislación “obsoleta” que, según su diagnóstico, asfixia a empleadores y empuja a la informalidad.
En el medio, más de seis millones de trabajadores en negro y una economía que no arranca.
Lo que viene
Con la media sanción asegurada, Diputados será el próximo campo de batalla. El Gobierno necesita cerrar filas y evitar cambios que obliguen a devolver el proyecto al Senado. La presión ya está en marcha.
La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿esta reforma abrirá el camino al empleo formal o profundizará la precarización en un país donde casi la mitad de los trabajadores está fuera del sistema?
Mientras el oficialismo habla de “batalla histórica”, millones de argentinos esperan algo más que discursos grandilocuentes: esperan trabajo, estabilidad y reglas claras. Y, sobre todo, resultados.
