Mientras el Gobierno negocia leyes en el Congreso y promete “orden”, la motosierra volvió a caer con fuerza sobre el gasto público en enero. Un informe privado reveló que el ajuste no fue simbólico: fue quirúrgico, profundo y con impacto directo en provincias, programas sociales y obra pública, todo para sostener la exigente meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.
Según la consultora Analytica, el gasto primario real cayó 4,2% interanual y tocó el nivel más bajo para un enero en la serie analizada. Se ejecutaron $8,8 billones contra $9,1 billones del mismo mes de 2025. La señal es clara: el superávit manda, aunque el costo lo paguen las provincias y los sectores más vulnerables.
Obra pública: virtualmente paralizada
El dato más impactante es el derrumbe de la obra pública: -97,1% interanual. Prácticamente desapareció. Las construcciones y las transferencias de capital a provincias quedaron en valores cercanos a cero. Hospitales, rutas, escuelas y viviendas, en pausa indefinida.
En paralelo, las transferencias a provincias se desplomaron 64,5%. Los envíos discrecionales quedaron limitados a emergencias puntuales: $4.000 millones para Chubut por incendios y $3.000 millones para Corrientes por inundaciones. El resto, silencio y ajuste.
La negativa de la Casa Rosada a ampliar giros derivó en un proyecto para coparticipar fondos que fue vetado por el Presidente, con el argumento de que ponía en riesgo el superávit.
Golpe al gasto social
El ajuste también alcanzó de lleno a los programas sociales, que cayeron 35,7% interanual. Pasaron de $0,6 billones a $0,4 billones. Potenciar Trabajo bajó 25,6%, las políticas alimentarias retrocedieron 24,9% y el resto de los programas se desplomó casi 60%.
En bienes y servicios, la caída fue del 34,9%, consolidando un esquema de fuerte contención del gasto operativo del Estado.
Subsidios: suben ahora, bajan después
En contraste, los subsidios económicos crecieron 139,2% interanual, impulsados por la baja base de comparación de 2025. Sin embargo, este alivio sería transitorio.
El nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) elimina la segmentación por niveles de ingresos y fija un único criterio: solo accederán quienes no superen tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2. El esquema incluye una bonificación extra temporal que se irá reduciendo hasta fin de año.
La electricidad se alineará a un valor estimado de USD 75 por MWh y el gas a USD 3,80 por millón de BTU, anticipando facturas más exigentes para miles de usuarios.
La meta: superávit de 2,2%
El objetivo oficial es alcanzar un superávit fiscal de 2,2% del PBI en 2026, una meta incluso más ambiciosa que la del año anterior y en plena revisión con el FMI.
Mientras tanto, el gasto “inflexible” mostró leves variaciones: jubilaciones y pensiones subieron 0,8% real y la AUH 5,4%, aunque las asignaciones familiares retrocedieron. El gasto en personal cayó 4,2%.
La motosierra no distingue territorios ni sectores. Con la mira puesta en el equilibrio fiscal, el Gobierno profundiza el ajuste y redefine el rol del Estado. La incógnita es cuánto más puede tensarse la cuerda social antes de que el costo político y económico pase factura.
