Con el sello del Senado todavía fresco, la reforma laboral impulsada por Javier Milei quedó a un paso de convertirse en ley efectiva. Solo resta la promulgación presidencial y su publicación en el Boletín Oficial para que comience la cuenta regresiva: el Ejecutivo tiene 10 días hábiles para promulgarla y, salvo que se disponga lo contrario, entrará en vigencia a los ocho días de su publicación.
Detrás del tecnicismo legal se esconde un cambio profundo en las reglas de juego del mundo del trabajo. Y también una fuerte polémica. Mientras el Gobierno habla de “modernización”, desde la oposición y el ámbito laboral advierten sobre una avanzada que —aseguran— abarata despidos, debilita sindicatos y recorta derechos históricos.
Indemnizaciones más bajas y pagos en cuotas
Uno de los puntos más explosivos es el nuevo cálculo de indemnizaciones. La reforma excluye del monto conceptos como aguinaldo, vacaciones, propinas y premios. Además, impone un tope: no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio correspondiente, con un piso del 67% de la remuneración habitual.
Como si fuera poco, las sentencias podrán pagarse en cuotas: hasta seis para grandes empresas y doce para pymes. Para muchos especialistas, esto significa en los hechos “licuar” el costo del despido. El Gobierno, en cambio, lo presenta como una forma de “dar previsibilidad” y reducir la litigiosidad.
Salario “dinámico” y jornada de 12 horas
La nueva normativa habilita el llamado “salario dinámico”, atado a productividad o mérito individual, y establece que los sueldos solo podrán abonarse vía entidades bancarias, dejando afuera billeteras virtuales.
También autoriza jornadas de hasta 12 horas diarias, con 12 horas de descanso entre turnos, siempre que exista acuerdo para modalidades flexibles. Para los críticos, la palabra “voluntario” en un contexto de desempleo creciente es, cuanto menos, discutible.
Golpe a los sindicatos y límites a la huelga
En el plano sindical, la reforma prioriza acuerdos por empresa sobre convenios por rama y limita la ultraactividad. Además, restringe el derecho de huelga: en servicios esenciales deberá garantizarse el 75% de la prestación y en actividades consideradas “trascendentales”, al menos el 50%.
Las asambleas que afecten el funcionamiento de las empresas necesitarán autorización previa del empleador. Un punto que, según referentes gremiales, coloca a los trabajadores en una situación de clara desventaja.
Blanqueo y beneficios para empresas
El proyecto incluye un blanqueo laboral con condonación de hasta el 70% de deudas y un régimen de incentivos para inversiones medianas, con beneficios impositivos y reducción de contribuciones patronales.
Para el oficialismo, se trata de una herramienta clave para formalizar empleo y atraer capitales. Para sus detractores, es un paquete de beneficios para el sector empresario que no garantiza mejoras reales en salarios ni estabilidad laboral.
La discusión ahora se traslada a la Justicia, especialmente sobre la posible aplicación retroactiva en contratos y litigios en curso. Mientras tanto, el reloj avanza y millones de trabajadores esperan definiciones que podrían cambiar, para siempre, las condiciones en las que trabajan.
