La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no sólo marca un cambio de nombres dentro del gabinete de Javier Milei. También abre un nuevo capítulo en la pelea por el control de los tribunales federales, donde hoy existen más de 300 cargos vacantes entre jueces y fiscales que el Gobierno busca cubrir a contrarreloj.
Según fuentes del oficialismo, el nuevo ministro recibió un mensaje claro desde el corazón del poder libertario: acelerar los nombramientos cuanto antes. El pedido habría sido impulsado por el entorno presidencial, donde tiene fuerte influencia Karina Milei.
La estrategia es simple, pero polémica: llenar primero los casilleros más fáciles de negociar políticamente y dejar para más adelante los puestos que requieren acuerdos más complejos.
Una Justicia vacía y un Gobierno apurado
El panorama judicial es alarmante. Actualmente casi el 40% de los juzgados y el 47% de las fiscalías nacionales y federales están sin titulares. En números concretos, de 367 cargos de fiscales, 174 permanecen vacantes.
Desde el Consejo de la Magistratura de la Nación ya enviaron 203 ternas de candidatos al Poder Ejecutivo para cubrir puestos judiciales, pero el Gobierno todavía no avanzó con la mayoría de esos pliegos.
La situación es tan grave que la actual gestión se convirtió en la primera desde el regreso de la democracia en no lograr aprobar ni un solo pliego de jueces en el Senado, un dato que expone el bloqueo político que atraviesa el oficialismo.
Comodoro Py, el verdadero botín
Detrás del discurso de “ordenar la Justicia”, en la Casa Rosada miran con especial interés los tribunales más poderosos del país: los juzgados federales de Comodoro Py.
Allí se disputan cuatro puestos clave: los juzgados 6, 9, 11 y 12, actualmente ocupados de manera provisoria por magistrados como Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Ariel Lijo.
Estos tribunales concentran las causas más sensibles de corrupción y poder político, por lo que cada nombramiento se transforma en una pieza estratégica dentro del tablero judicial.
Nombrar primero lo “negociable”
En el corto plazo, el plan oficial sería avanzar con los fueros menos conflictivos, como Familia, Civil, Comercial y Seguridad Social.
La lógica es política: esos cargos son más fáciles de aprobar en el Senado y permiten mostrar resultados rápidos mientras se negocian posiciones más sensibles, como los juzgados con competencia electoral o los tribunales federales que investigan delitos de poder.
Un funcionario cercano al nuevo ministro lo resumió sin rodeos:
“Vamos a empezar por lo que sea más fácil de negociar”.
El Senado, el verdadero cuello de botella
El problema central para el Gobierno es que no tiene mayoría propia en el Senado. El bloque oficialista necesita sumar apoyos de gobernadores y aliados para aprobar los pliegos.
En ese escenario, el oficialismo apuesta a usar los nombramientos judiciales como moneda de cambio política, especialmente en distritos donde los gobernadores presionan para colocar jueces cercanos.
La discusión pasará por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.
La sospecha que sobrevuela los tribunales
Mientras el Gobierno habla de “normalizar la Justicia”, dentro del propio sistema judicial crece una preocupación: que la carrera por cubrir vacantes termine convirtiéndose en una colonización política de los tribunales.
No es un dato menor. Con elecciones presidenciales en el horizonte y causas sensibles que se tramitan en la Justicia federal, quien controle los juzgados también tendrá influencia sobre investigaciones clave.
En los pasillos judiciales la frase se repite con crudeza:
“Son esos lugares los que deciden si alguien termina preso… o no”.
