En un nuevo capítulo de la entrega del país al “vale todo”, la gestión de Javier Milei —a través del RENAR— decidió que las municipalidades ya no controlen quién pone una fábrica de explosivos o una agencia de seguridad en tu barrio. ¿Seguridad para quién? ¿O vía libre para el negocio de unos pocos?
Mientras el pueblo trabajador no llega a fin de mes y el hambre golpea las puertas de los hogares argentinos, el Gobierno Nacional sigue ocupado en lo único que le importa: el negocio de las armas y la desregulación salvaje. En una medida que roza la irresponsabilidad civil, el Registro Nacional de Armas (RENAR), bajo la firma de Juan Pablo Allan, eliminó la obligatoriedad de presentar la habilitación municipal para trámites de fábricas, depósitos de explosivos y agencias de seguridad privada.
Bajo la excusa barata de “simplificar la burocracia” y amparándose en el nefasto DNU 70/23, el Ejecutivo le quita el poder a los intendentes —quienes conocen el territorio y la seguridad de sus vecinos— para dejarle el campo libre a cualquiera que quiera manejar materiales peligrosos. ¿Qué podría salir mal?
DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS SIN CONTROL LOCAL: UNA BOMBA DE TIEMPO
La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial es un escándalo que debería encender las alarmas de todos los bonaerenses. La normativa derogó la exigencia de habilitación municipal para la inscripción y rehabilitación de depósitos de nitrato de amonio (componente principal de explosivos) y fábricas a cielo abierto.
Hasta ayer, un municipio podía impedir que se instale un polvorín al lado de una escuela o un barrio residencial. Hoy, gracias a la “libertad” de Milei, el Estado Nacional se lava las manos y deja a los vecinos a merced de lo que decidan las empresas, sin que el poder local tenga voz ni voto en el trámite ante el RENAR. Es el sálvese quien pueda en su máxima expresión.
AGENCIAS DE SEGURIDAD Y CAUDALES: MÁS ARMAS EN LA CALLE, MENOS CONTROL
Pero la entrega no termina ahí. La medida también beneficia directamente a las agencias de seguridad privada y transportadoras de caudales. A partir de ahora, para abrir una sucursal o pedir prórrogas de armas, ya no necesitan pasar por el filtro municipal.
¿Qué significa esto? Que el control estatal sobre quiénes portan armas en nuestras calles se vuelve cada vez más laxo, más opaco y más funcional a los intereses de las grandes empresas de seguridad, muchas de ellas vinculadas a amigos del poder de turno.
“Es una locura total. Están desmantelando los controles más básicos de convivencia social para favorecer el libre comercio de elementos que matan”, aseguran voces de la oposición que ven en esto un peligro inminente para la paz social.
EL ARGUMENTO DE LA “EFICIENCIA”: EL CUENTO DE SIEMPRE
Para Juan Pablo Allan y la casta desreguladora, la habilitación municipal era una “duplicidad de requisitos” que “ralentizaba los procedimientos”. Traducido al criollo: les molesta que el pueblo, a través de sus representantes locales, tenga control sobre el movimiento de armas y explosivos.
Mientras nos dicen que “no hay plata” para remedios o educación, ponen toda la maquinaria del Estado a trabajar para que el mercado de armas fluya sin obstáculos. El Gobierno asegura que la responsabilidad ahora queda en manos de las jurisdicciones locales, pero les quita la herramienta de control principal ante el organismo nacional.
Una vez más, el modelo de Milei queda al desnudo: libertad para los que tienen armas, desprotección total para el ciudadano de a pie. ¿Quién nos cuida si el Estado decide que controlar es un “gasto burocrático”? La respuesta, lamentablemente, parece estar guardada en un cargador.
