En una medida que despierta alarmas en todo el país, el asesor Federico Sturzenegger anunció cambios drásticos en la Verificación Técnica Vehicular que regirán desde el mes próximo. Con el argumento de la “libre competencia”, abren el juego a corporaciones privadas y minimizan el rol del Estado en la prevención de accidentes, desatando una fuerte resistencia en las provincias.
En medio de una profunda crisis socioeconómica que golpea los bolsillos de la clase trabajadora, el Gobierno nacional sumó un nuevo y preocupante capítulo a su plan de desregulación feroz. Esta vez, el blanco es la seguridad de los argentinos en las calles y rutas de todo el país. A partir del próximo mes, el Poder Ejecutivo modificará por decreto la normativa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), desmantelando el sistema de control existente para convertirlo en un beneficio directo para las grandes agencias y concesionarias de autos.
El encargado de salir a blindar el polémico ajuste fue el asesor presidencial Federico Sturzenegger, quien confirmó que los talleres que actualmente inspeccionan camiones de carga y colectivos quedarán habilitados para fiscalizar también a los automóviles particulares. Sin embargo, el verdadero trasfondo de la medida radica en la virtual privatización encubierta del control: el funcionario admitió sin tapujos que las grandes corporaciones del sector usarán la oblea de la VTV como un simple anzuelo comercial.
“El concesionario lo va a usar como una herramienta de marketing. Te va a decir: ‘Venite a hacer el service acá y te vas con la VTV hecha’”, lanzó Sturzenegger, reduciendo una política sensible de prevención vial a un gancho publicitario para las empresas amigas del mercado.
El ataque al federalismo y la resistencia de las provincias
La medida no tardó en encender las luces de emergencia en las distintas jurisdicciones, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la prioridad sigue siendo resguardar la vida de los ciudadanos y sostener el poder regulatorio del Estado. Ante los legítimos reparos y la resistencia de los gobernadores que defienden el bienestar del pueblo, el asesor libertario redobló la apuesta y atacó el federalismo de manera soberbia: “La verdad que lo que están defendiendo es un negocio que armaron con la VTV, porque no tiene ninguna lógica lo que están diciendo”, espetó, desconociendo las autonomías provinciales.
Para justificar el desguace del sistema de control y deslindar de responsabilidades al Ejecutivo, Sturzenegger apeló a dudosas estadísticas que relativizan el peligro mecánico: “Las estadísticas viales indican que solo el 1 % de los accidentes se produce por defectos de los autos”, afirmó con fría frialdad, intentando instalar que los controles rigurosos son prescindibles. Según el funcionario, el 90% de los siniestros se vincula exclusivamente al exceso de velocidad y al consumo de alcohol, pasando por alto que, en un contexto de abandono absoluto de la obra pública vial por parte de la Nación, el estado de los neumáticos y los frenos es vital para los trabajadores que transitan por rutas destruidas.
Incertidumbre total y un esquema “sálvese quien pueda”
A pesar del masivo reclamo en las redes sociales de usuarios que exigen claridad o la eliminación de las tasas abusivas en un escenario de malaria económica, el Gobierno decidió no dar ese debate y enfocarse únicamente en quién se queda con la caja del servicio. Los talleres interesados en sumarse a este nuevo esquema privatizado deberán registrarse cumpliendo con ciertos requisitos de equipamiento, abriendo una transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados que puedan costear dicha infraestructura.
La implementación de estos cambios comenzará a regir de manera obligatoria el mes próximo en todo el territorio nacional, exceptuando aquellas provincias que planten bandera y decidan mantener sus sistemas propios para proteger a sus ciudadanos. En una Argentina sumergida en la incertidumbre, la seguridad vial de millones de familias queda supeditada a las leyes de la oferta y la demanda, prefigurando un escenario de emergencia social donde el Estado se retira y deja el cuidado de la vida en manos del mejor postor.
