A más de tres décadas del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos, la dirigencia de la AMIA denunció que la investigación continúa prácticamente detenida. Frente a Javier Milei y Karina Milei, reclamó avanzar con el juicio en ausencia, cubrir las vacantes judiciales y reforzar urgentemente la seguridad en las fronteras argentinas.
A 32 años del atentado contra la AMIA, la Argentina volvió a enfrentarse con una de las heridas más profundas de su historia reciente: la impunidad. Durante el acto central realizado en la sede de Pasteur 633, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, lanzó un duro reclamo contra la falta de avances judiciales y advirtió que el paso del tiempo no puede convertirse en una condena al olvido.
La ceremonia contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, funcionarios nacionales, referentes de la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de las víctimas. Sin embargo, la asistencia oficial no alcanzó para disimular una realidad alarmante: después de más de tres décadas, todavía no existen condenas firmes contra los responsables intelectuales y operativos del ataque.
A las 9:53 volvió a sonar la sirena que recuerda el momento exacto de la explosión del 18 de julio de 1994. Ese sonido, que atraviesa año tras año a toda la sociedad argentina, volvió a exponer el fracaso de un sistema judicial que acumuló irregularidades, encubrimientos, demoras y expedientes interminables.
UNA CAUSA DETENIDA MIENTRAS LA IMPUNIDAD AVANZA
Armoza aseguró que durante el último año no se produjo ninguna novedad relevante en la investigación. Según denunció, la causa parece encontrarse detenida, adormecida o directamente cajoneada dentro de los tribunales federales.
La afirmación resulta estremecedora. Mientras los familiares envejecen esperando justicia, buena parte de la estructura judicial continúa atrapada en trámites burocráticos, disputas internas y vacantes que nadie resuelve. Cada día sin avances constituye una nueva forma de violencia institucional contra quienes perdieron a sus seres queridos.
Desde una mirada nacional y popular, la Justicia no puede ser un privilegio reservado para los poderosos ni un laberinto imposible para las víctimas. El Estado tiene la obligación ética, política y jurídica de garantizar verdad, memoria, soberanía y reparación.
Armoza reclamó que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva de manera urgente la validez del juicio en ausencia. Además, pidió que los magistrados responsables abandonen las dilaciones y permitan avanzar con el proceso contra los acusados que permanecen fuera del país.
El dirigente también cuestionó la lentitud del juez federal Daniel Rafecas y recordó que el Juzgado Federal número 6 lleva alrededor de seis años sin un magistrado titular. Esa situación retrata una degradación institucional que ningún discurso presidencial puede ocultar.
MILEI ESTUVO PRESENTE, PERO LA SOCIEDAD EXIGE ACCIONES
La presencia de Javier Milei en el acto tuvo un fuerte contenido simbólico. No obstante, la sociedad argentina necesita mucho más que fotografías, homenajes protocolares y promesas pronunciadas cada aniversario.
El Gobierno nacional debe informar qué medidas concretas adoptará para acelerar la investigación, cubrir las vacantes judiciales, modernizar la legislación antiterrorista y proteger las fronteras. En una etapa marcada por el ajuste, la reducción de organismos públicos y el debilitamiento de distintas capacidades estatales, la seguridad nacional no puede quedar subordinada a una planilla de recortes.
Resulta contradictorio hablar de lucha contra el terrorismo mientras se debilitan áreas estratégicas del Estado. Una Argentina soberana necesita inteligencia profesional, Fuerzas Armadas preparadas, fuerzas de seguridad correctamente equipadas y trabajadores públicos capacitados para prevenir amenazas complejas.
El reclamo también alcanzó al Ministerio Público Fiscal. Aunque se reconoció el trabajo realizado para impulsar el juicio en ausencia, todavía permanecen sin respuesta interrogantes fundamentales sobre la llamada conexión local.
¿Quiénes facilitaron el explosivo? ¿Dónde se preparó el vehículo utilizado en el ataque? ¿Qué apoyos internos recibieron los responsables? Las preguntas sobreviven desde hace décadas y demuestran que la investigación todavía tiene zonas oscuras que el poder político y judicial deben esclarecer.
ALERTA EN LA TRIPLE FRONTERA
Otro de los puntos centrales del discurso fue el pedido de reforzar inmediatamente los controles en la Triple Frontera y en los pasos limítrofes con Bolivia y Chile. La advertencia se produjo ante el riesgo de nuevas acciones vinculadas al terrorismo internacional.
Argentina posee fronteras extensas y complejas que requieren presencia estatal permanente. Debilitar los controles, reducir recursos humanos o abandonar políticas de cooperación regional puede abrir espacios peligrosos para redes criminales, contrabando, narcotráfico y organizaciones extremistas.
Armoza sostuvo que la investigación judicial argentina estableció responsabilidades atribuidas al régimen iraní y a Hezbollah. También pidió mantener vigentes las alertas internacionales contra los acusados y fortalecer la colaboración con los países vecinos.
La defensa del territorio nacional no puede quedar sometida a improvisaciones ideológicas. Tampoco puede reducirse a declaraciones altisonantes destinadas al consumo político interno. Se necesitan recursos, planificación, cooperación regional y una política exterior que proteja los intereses argentinos.
MEMORIA SIN JUSTICIA ES UNA DEUDA ABIERTA
Durante el acto se volvió a reclamar la revisión de documentación perteneciente a la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado. Todavía existirían enormes cantidades de archivos pendientes de análisis, pese al tiempo transcurrido desde el atentado.
La demora resulta inadmisible. Cada documento sin revisar puede contener una pista, una responsabilidad omitida o una pieza necesaria para reconstruir el funcionamiento de las redes que participaron en el ataque.
También se pidió que la Corte Suprema revise decisiones relacionadas con Carlos Telleldín y la investigación sobre la conexión local. El reclamo demuestra que la causa sigue atravesada por controversias judiciales, anulaciones y resoluciones que alejaron a los familiares de una respuesta definitiva.
El atentado contra la AMIA no pertenece solamente a una comunidad. Fue un ataque contra la Argentina, contra su pueblo y contra la convivencia democrática. Por esa razón, la búsqueda de justicia debe formar parte de una política de Estado sostenida, seria y soberana.
A 32 años de aquella mañana trágica, la deuda continúa abierta. La memoria permanece viva gracias a los familiares, sobrevivientes y organizaciones que nunca dejaron de reclamar. Ahora corresponde que los jueces actúen, que el Congreso legisle y que el Gobierno nacional abandone las ceremonias vacías para ofrecer resultados concretos.
La impunidad no puede ser eterna. Un país que no logra castigar a quienes atacaron a su pueblo queda expuesto a repetir su propia tragedia.
