En una muestra palmaria de insensibilidad social y desconocimiento de la geografía nacional, la administración de Javier Milei aceleró los mecanismos para desarticular el régimen de Zonas Frías. Se trata del esquema que garantiza un descuento de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas a más de 4 millones de usuarios residenciales en la Patagonia, distritos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan y San Luis.
La justificación técnica de la Secretaría de Energía apela a la “normalización tarifaria” y a la poda de partidas presupuestarias. Sin embargo, en términos humanos y sociales, la medida representa una condena explícita: forzar a millones de compatriotas a elegir entre calefaccionar sus hogares o poner un plato de comida sobre la mesa.
Un recurso argentino pagado a precio de oro
La contradicción doctrinaria es flagrante. La Argentina ostenta récords históricos de producción en Vaca Muerta y concluyó obras clave de infraestructura gasífera financiadas con el esfuerzo de todos los argentinos. El fluido sale de las cuencas patagónicas y neuquinas. No obstante, por decisión del Palacio de Hacienda, los propios pobladores que habitan esas tierras hostiles deberán pagar tarifas dolarizadas, fijadas para garantizar los balances de un puñado de corporaciones energéticas.
Para las familias de clase trabajadora y, de manera trágica, para los jubilados que perciben el haber mínimo, el impacto es demoledor. En localidades donde los inviernos se extienden durante más de siete meses con marcas térmicas que perforan los 10 grados bajo cero, prender una estufa no responde al confort suntuario; es una necesidad biológica. Las estimaciones de las entidades de defensa del consumidor ya proyectan facturas residenciales que superarán holgadamente los 150.000 pesos mensuales.
La destrucción del pacto federal
El desmantelamiento de las Zonas Frías corona la visión unitaria y centralista del programa económico libertario. Se eliminaron las transferencias a las provincias, se paralizó la obra pública integradora y ahora se castiga a las regiones generadoras de energía. Los gobernadores e intendentes del interior comienzan a articular reclamos judiciales y políticos ante lo que consideran una confiscación de derechos adquiridos.
Para el justicialismo, los recursos naturales constituyen patrimonio inalienable del pueblo de la Nación. Su explotación debe tener como norte supremo el desarrollo de la industria nacional, el abaratamiento de los costos productivos y la dignidad de cada hogar argentino. Someter la calefacción popular a las exigencias de un balance de Excel es, lisa y llanamente, una forma planificada de violencia económica.
La resistencia que nace desde el sur
La energía es un derecho humano, no un commodity para la especulación financiera. Mientras el Gobierno celebra cada punto de contracción del gasto primario ante los acreedores externos, en el interior profundo crece la indignación. No habrá estabilidad macroeconómica duradera sobre las cenizas de un pueblo que pasa frío en su propia tierra.
