No hay gráfico de PowerPoint ni conferencia triunfalista que pueda desmentir lo que vive cualquier argentino de a pie cuando pisa el almacén de su barrio. En las últimas semanas de septiembre, los relevamientos de consultoras privadas, los monitoreos universitarios y las advertencias de las federaciones de almaceneros coincidieron en un veredicto tajante: los precios de los alimentos volvieron a pegar un salto, proyectando un incremento superior al 2,5% mensual en el rubro más sensible para la vida familiar.
La carne vacuna, los derivados lácteos, el pan y las verduras lideran este repunte que deja en ridículo la promesa de Casa Rosada sobre una inflación en camino a la desaparición. El dato no solo derriba el discurso oficial: desnuda el rotundo fracaso del dogma monetarista de manual.
El costo del ajuste más salvaje de la historia
Para intentar contener los índices, la administración libertaria aplicó una receta despiadada: planchó el salario de los trabajadores, congeló las jubilaciones mínimas, paralizó la obra pública y desató una recesión histórica que liquidó el consumo masivo en hipermercados y negocios de cercanía. Según la lógica oficial, la falta de pesos en la calle obligaría a los empresarios a bajar los precios por simple ley de gravedad.
La realidad, sin embargo, demostró la falacia del experimento. Tras haber vaciado los bolsillos de la clase media y de los sectores populares, los precios de los productos de primera necesidad volvieron a acelerarse. ¿La razón? En la Argentina real, la oferta alimentaria se encuentra concentrada en un puñado de corporaciones y monopolios que aumentan sus márgenes de rentabilidad aprovechando la deserción absoluta de la Secretaría de Comercio y la eliminación de todo mecanismo de fiscalización pública.
La angustia en la tercera edad
El impacto más dramático de este bumerán recae sobre los adultos mayores. Con una jubilación mínima que pierde mes a mes contra la inflación de la canasta básica y la quita de cobertura de medicamentos esenciales por parte del PAMI, el aumento del queso, los fideos o el pan representa una condena cotidiana. En los almacenes barriales del Conurbano y del interior del país, las libretas de fiado volvieron a abrirse y la compra de alimentos por unidades sueltas o por gramos se convirtió en la dolorosa regla de supervivencia.
El mercado no regula nada cuando enfrente hay monopolios voraces y un pueblo desprotegido. El dogma libertario sostiene que si la gente no tiene dinero, los precios caerán mágicamente; lo que no contemplan en sus pizarrillas teóricas es que una familia no puede postergar el almuerzo de sus hijos ni un abuelo puede suspender su nutrición básica hasta que el mercado decida equilibrarse.
La salida justa y soberana
Para la doctrina justicialista, gobernar es crear trabajo, robustecer el poder adquisitivo y asegurar que el fruto del esfuerzo nacional se traduzca en una mesa digna para cada hogar. El peronismo demostró históricamente que la inflación se combate con producción nacional, abastecimiento interno prioritario, desconcentración de mercados y un Estado soberano con autoridad ética para ponerle límites a la especulación corporativa.
El Gobierno podrá insistir con sus discursos triunfalistas ante auditorios empresariales, pero el veredicto final no se escribe en los foros financieros: se define todos los días frente a las góndolas, donde la paciencia del pueblo trabajador se agota al mismo ritmo que vacían sus heladeras.
