Legisladores opositores y damnificados recurrieron a la Cámara Federal para anular el cierre de la causa cripto. Denuncian que el juzgado descartó pruebas contundentes y garantizó el encubrimiento de los hermanos presidenciales.
La impunidad judicial a favor del poder político sumó un capítulo de gravedad institucional. Diversos diputados nacionales impugnaron el polémico sobreseimiento de los Milei dictado en Comodoro Py. En consecuencia, el expediente por estafas financieras mediante criptoactivos deberá ser revisado por la Cámara Federal.
La resolución original benefició directamente al presidente y a la secretaria general de la Presidencia. Por este motivo, los denunciantes acusaron al juez y al fiscal de omitir diligencias procesales elementales. El juzgado resolvió archivar la investigación sin analizar los movimientos financieros de los implicados.
Las pruebas descartadas por Comodoro Py
La causa investiga la promoción masiva de la plataforma financiera $LIBRA desde cuentas oficiales. Cientos de pequeños ahorristas perdieron millones de pesos tras el colapso del esquema publicitado. Sin embargo, los funcionarios judiciales rechazaron cruzar los llamados de los colaboradores presidenciales.
Asimismo, la querella comprobó transferencias bancarias directas hacia billeteras virtuales sospechosas. Por lo tanto, cerrar el sumario sin tomar testimoniales clave constituye un acto de complicidad evidente. Además, los peritajes tecnológicos solicitados por los damnificados nunca llegaron a ejecutarse.
Una justicia sometida al poder central
De este modo, se consolidó un tratamiento de privilegio para el entorno íntimo de Balcarce 50. Por consiguiente, la Coalición Cívica radicó una denuncia penal contra los magistrados intervinientes. En este sentido, la doctrina justicialista exige igualdad absoluta frente a los estrados judiciales. Finalmente, los jueces de alzada definirán si convalidan el encubrimiento o reabren el expediente.
