El Gobierno de Javier Milei avanza con una medida que deja más expuesta a la Argentina ante el lavado de activos y la corrupción. A través del decreto 274/2025, el Poder Ejecutivo recorta de manera drástica las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), impidiéndole actuar como querellante en causas judiciales relacionadas con delitos económicos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.
Un giro que favorece la opacidad y la impunidad
La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, representa un claro retroceso institucional. La UIF fue creada como organismo clave para combatir delitos financieros complejos, y su rol como querellante permitía impulsar causas sensibles que muchas veces quedaban dormidas en la justicia.
Ahora, bajo el argumento de que participar como parte querellante “podría afectar su autonomía e independencia operativa”, se le prohíbe esa función, reduciéndola a un mero órgano recolector de datos. La excusa del Gobierno: una presunta recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que ni siquiera se cita de manera oficial.
El trasfondo político: protección y blindaje
El contexto en el que se toma esta decisión no es casual. Se produce en medio de investigaciones judiciales que involucran al propio Milei y a funcionarios de su gobierno por la estafa con la criptomoneda $Libra, y mientras la Corte Suprema reactiva causas como Vialidad, que en su momento contó con el impulso clave de la UIF.
El decreto llega justo cuando la Justicia y el Congreso investigan presuntas irregularidades financieras vinculadas al actual Ejecutivo, lo que enciende las alarmas sobre una posible maniobra de autodefensa institucional. Al quitarle poder a la UIF, se limita la capacidad del Estado para indagar sobre eventuales delitos financieros que podrían salpicar a la cúpula gobernante.
¿Quién controla ahora?
Si bien la UIF podrá seguir recopilando y archivando información, su accionar dependerá por completo del Ministerio Público Fiscal. Esto no solo la convierte en un actor de segundo plano, sino que también genera un cuello de botella que puede favorecer la inacción o el freno deliberado de investigaciones sensibles.
Además, el decreto se ampara en las facultades extraordinarias que Milei obtuvo con la polémica Ley Bases, votada en nombre de una “emergencia pública” que el gobierno utiliza como carta blanca para desmantelar organismos de control y debilitar al Estado.
Una historia de causas incómodas
La UIF fue querellante en investigaciones que marcaron la agenda política de los últimos años: desde la “ruta del dinero K” y los “cuadernos de la corrupción”, hasta los Panamá Papers, donde estuvo involucrado Mauricio Macri. Su participación fue clave para sostener causas complejas frente a un sistema judicial muchas veces permeado por intereses políticos y económicos.
Con este cambio, se apaga uno de los pocos focos estatales que se animaban a tocar intereses de peso. La promesa de “terminar con la casta” parece traducirse, en los hechos, en blindaje para los poderosos y desprotección para el interés público.
