En un nuevo operativo represivo encabezado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, fuerzas policiales arremetieron con gas lacrimógeno contra manifestantes en las inmediaciones del Congreso, durante una movilización pacífica de jubilados en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo. Entre los heridos se encuentra el diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, quien recibió gas en pleno rostro y sufrió lesiones oculares que lo dejaron bajo observación médica, con diagnóstico de úlceras en la córnea.
El hecho vuelve a encender alarmas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, cuya doctrina de “tolerancia cero” frente a la protesta social comienza a consolidarse como un patrón sistemático de criminalización de la disidencia. Lejos de tratarse de un incidente aislado, la represión en el Congreso se suma a una serie de operativos desmedidos desplegados en distintas provincias, donde se han utilizado gases, balas de goma e incluso detenciones arbitrarias contra manifestantes que ejercen su derecho constitucional a protestar.
Vilca se encontraba acompañando una marcha histórica: la de los jubilados, que cada miércoles se congregan frente al Congreso para visibilizar el impacto de las políticas de ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables. En vez de atender el reclamo, el Estado respondió con gas en la cara, incluyendo a un representante electo del pueblo.
Una respuesta política deshumanizante
La reacción institucional no fue solo represiva: también fue cínica. En el Congreso, mientras el legislador Christian Castillo denunciaba el ataque a su compañero, diputados oficialistas como Lilia Lemoine y Silvina Giudice se burlaban públicamente de lo sucedido. Lemoine incluso ironizó desde sus redes sociales: “¡¡¡Gasearon a Vilca!!! Mal la Policía. Era con agua y jabón”.
Este tipo de declaraciones no solo minimizan un hecho de violencia institucional, sino que desnudan la banalización de la represión y el desprecio por los derechos humanos que sectores del oficialismo libertario intentan imponer como nuevo sentido común.
Bullrich y la lógica de la represión como política de Estado
La represión del miércoles no puede analizarse sin considerar el perfil que la ministra Patricia Bullrich ha revalidado en su nueva gestión: la ocupación del espacio público como una amenaza, y la protesta como un acto a erradicar. Desde diciembre, su Ministerio ha redoblado el despliegue de fuerzas en manifestaciones sociales, implementando protocolos restrictivos que convierten las calles en zonas militarizadas, sin distinción entre manifestantes, legisladores o personas mayores.
El uso del gas lacrimógeno en la cara de un diputado nacional no es un error operativo: es el resultado directo de una política de seguridad que no reconoce límites democráticos. Y esa política ya no es retórica, sino hechos concretos.
Una democracia en alerta
La agresión contra Vilca, el silencio cómplice del Gobierno y las burlas desde el recinto revelan una preocupante naturalización de la violencia institucional. Si un legislador puede ser atacado sin consecuencias, ¿qué puede esperar cualquier ciudadano de a pie que se anime a reclamar en la calle?
Más allá del impacto personal sobre Vilca, este episodio obliga a preguntarse si el gobierno nacional está dispuesto a respetar los marcos democráticos o si, como en otros momentos oscuros de nuestra historia, la represión volverá a ser el lenguaje con el que se responde a quienes se organizan, protestan y reclaman.
