El gobierno español ha decidido rescindir un contrato de 6,6 millones de euros para la compra de más de 15 millones de balas de 9 mm a la empresa israelí IMI Systems, destinado a la Guardia Civil. La decisión se produce tras las críticas de Sumar, socio de coalición del PSOE, que consideró la operación incompatible con el compromiso del Ejecutivo de no comerciar con armamento israelí desde el inicio del conflicto en Gaza.
Aunque el Ministerio del Interior inicialmente defendió la continuidad del contrato debido a su avanzado estado y a las necesidades operativas de la Guardia Civil, la presión política llevó al presidente Pedro Sánchez a intervenir y ordenar su cancelación. El gobierno también anunció que excluirá a empresas israelíes de futuras licitaciones de armamento.
La rescisión del contrato ha generado tensiones dentro de la coalición gubernamental, especialmente con Sumar e Izquierda Unida, que exigieron mayor coherencia en la política exterior y criticaron el reciente aumento del gasto militar al 2% del PIB. La medida busca preservar la estabilidad del gobierno y reafirmar su compromiso con la causa palestina.
Esta decisión marca un precedente en la política de adquisiciones de defensa de España y refleja la influencia de los socios de coalición en la orientación ética del gobierno. La controversia también ha puesto de relieve las dificultades para equilibrar compromisos internacionales con las dinámicas internas de la coalición.
