El gobierno de Javier Milei recibió un freno judicial que no solo invalida parte de su plan de desregulación extrema, sino que también envía una señal clara: la salud pública no puede regirse por la lógica del mercado. La Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió artículos clave del DNU 70/2023 que permitían la venta de medicamentos en supermercados, kioscos y otros comercios que no son farmacias.
¿Qué intentaba hacer el gobierno con el DNU?
El DNU desregulador de Milei intentaba convertir la venta de medicamentos en un negocio más dentro del supermercado: analgésicos, antiácidos y otros productos de “venta libre” quedarían disponibles como si fueran caramelos o bebidas. Pero detrás de esa supuesta libertad de elección, se ocultaba una realidad peligrosa: el debilitamiento del rol sanitario de los farmacéuticos y el riesgo concreto para la salud de millones de personas.
Lejos de ser una cuestión burocrática, esto implicaba que una persona podía comprar una caja de ibuprofeno o un medicamento con efectos adversos sin ningún tipo de control profesional. En algunos casos, incluso se detectó la venta de productos que requieren receta médica.
Un revés para el gobierno, una advertencia institucional
La Justicia, en una decisión unánime de tres magistrados, suspendió los artículos del decreto que habilitaban esta práctica y recordó que la venta de medicamentos no puede tratarse como una simple operación comercial. Citó además el riesgo para la salud pública y la necesidad de proteger profesiones que garantizan un servicio esencial.
Este fallo no es menor: marca un límite institucional a un gobierno que viene avanzando por decreto sobre derechos, normativas y estructuras del Estado, muchas veces sin debate parlamentario. La medida cautelar, pedida por las principales federaciones farmacéuticas, no solo frena la desregulación, sino que también refuerza la idea de que el Estado debe estar presente cuando se trata del bienestar colectivo.
¿Qué dice este fallo sobre la relación entre la Justicia y Milei?
En un contexto donde el oficialismo insiste en atacar a todos los que se le oponen —políticos, sindicatos, universidades y hasta artistas—, este fallo muestra que el Poder Judicial puede y debe actuar como contrapeso institucional. No es la primera vez que la Justicia frena un decreto de Milei, pero sí es una de las más contundentes en términos sociales.
Lo interesante es que la misma lógica que aplica Milei en la economía —desregular, privatizar, “sacar al Estado de encima”— también la intenta aplicar en la salud y otros sectores sensibles. Y ahí es donde la Justicia, al menos por ahora, está marcando la cancha: hay límites que no se pueden cruzar sin poner en riesgo derechos básicos.
Medicamentos no son golosinas
El fallo también nos obliga a recordar algo básico: los medicamentos no son productos como cualquier otro. Tienen efectos, contraindicaciones, interacciones, y requieren un conocimiento técnico para su indicación y venta. Los farmacéuticos no son simples vendedores: son profesionales de la salud con formación específica que, en muchos casos, son la primera línea de contención en barrios y pueblos.
Convertirlos en prescindibles dentro de la cadena comercial es una decisión política, no técnica. Y como toda decisión política, tiene consecuencias.
