La reciente propuesta del gobierno de Javier Milei de privatizar las represas hidroeléctricas de Neuquén ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos, sociales y económicos del país. En particular, el senador de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, ha salido a la defensa de los intereses de las provincias productoras de energía y ha hecho un enérgico llamado a frenar la privatización de las represas sobre el río Limay, ubicadas en Neuquén y Río Negro. Según Parrilli, este paso no solo amenaza el control de un recurso estratégico como el agua, sino que también podría tener efectos perjudiciales sobre la economía regional y las tarifas eléctricas.
La privatización de las represas —entre ellas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— forma parte de la estrategia de Milei para reducir el tamaño del Estado y entregar el control de recursos clave al sector privado, en busca de una mayor eficiencia. Sin embargo, esta medida ha sido vista con escepticismo y preocupación, ya que las empresas que actualmente gestionan estas hidroeléctricas, que fueron originalmente construidas por el Estado, no han reinvertido en nuevos proyectos de generación de energía. Parrilli no duda en calificar estas privatizaciones como una “estafa”, apuntando a los grandes empresarios que, según él, se verían favorecidos con el control de estas centrales.
El dilema de la eficiencia y el control estatal
A pesar de los argumentos de Milei sobre la mejora de la eficiencia a través del sector privado, la realidad es que estas hidroeléctricas son una fuente esencial de energía para el país, produciendo el 40% de la electricidad nacional. Además, tienen un impacto directo en las economías locales de las provincias involucradas, que ven cómo sus recursos son gestionados sin beneficios claros para sus comunidades. En este sentido, Parrilli alerta sobre el riesgo de que el control sobre el agua —un recurso natural vital— pase a manos privadas, dejando a las provincias sin la capacidad de regular y gestionar este recurso crucial.
La privatización no solo afecta el control del agua, sino que también exacerba las desigualdades en el acceso y el costo de la electricidad. Neuquén, por ejemplo, recibe solo el 12% de regalías sobre el valor de la energía generada, mientras que las distribuidoras compran la electricidad a un precio mucho más alto. Este desequilibrio económico pone en evidencia la inequidad en el manejo de los recursos naturales, donde las provincias productoras son las más afectadas por los costos elevados que no se ven reflejados en beneficios directos para su población.
El fracaso de la promesa de eficiencia
Uno de los pilares de la propuesta de privatización de Milei es la promesa de que el sector privado gestionará las represas de manera más eficiente, lo que implicaría menores costos y mayores inversiones. Sin embargo, la experiencia hasta ahora ha mostrado lo contrario. Parrilli recuerda que las empresas que operan estas centrales no han reinvertido ni un solo peso en nuevas infraestructuras ni en proyectos que beneficien a la región. En lugar de impulsar la modernización y expansión de la generación de energía, estas compañías han sido responsables de la mayor fuga de divisas del país, una práctica que ha enriquecido a unos pocos mientras el pueblo argentino ha visto cómo aumentan las tarifas.
La privatización, entonces, no solo parece una decisión económica errónea, sino que también refleja un modelo que favorece a los grandes empresarios en detrimento de los intereses federales y locales. Mientras se promete eficiencia, se pone en juego la soberanía sobre un bien estratégico y se entrega la gestión de un recurso vital a actores que no están comprometidos con el bienestar de las provincias.
¿Un modelo de distribución de poder o una nueva oligarquía?
El senador de Unión por la Patria ha planteado alternativas que apuntan a equilibrar los intereses de las provincias con los del sector privado, sugiriendo concesiones parciales y la obligatoriedad de reinvertir una parte de las ganancias en nuevos proyectos hidroeléctricos en la región. Este tipo de propuestas, que equilibran la participación estatal y privada, podrían ser una vía intermedia más justa que la privatización absoluta.
Sin embargo, el gobierno de Milei ha mostrado poca disposición para ceder en este punto, limitando la participación de las provincias a un 10% del paquete accionario, lo que deja claro que el interés económico de los grandes empresarios prevalece sobre el interés federal y el control local de los recursos.
Conclusión: Un futuro incierto para el sistema energético nacional
Las privatizaciones propuestas por Javier Milei no son un simple tema de gestión económica; son una manifestación de un modelo que prioriza los intereses del sector privado sobre la soberanía energética del país y la justicia territorial. En el caso de las represas hidroeléctricas de Neuquén, esta política puede tener consecuencias negativas no solo para las provincias productoras, sino también para los usuarios finales que se verán afectados por el aumento de tarifas y la falta de control sobre los recursos estratégicos.
Lo que está en juego no es solo una cuestión de eficiencia económica, sino de futuro: el futuro de las provincias productoras de energía, el futuro de la gestión estatal de los recursos naturales, y el futuro de un país que parece caminar hacia un modelo económico que favorece a unos pocos, mientras que sacrifica el bienestar de las mayorías. En este contexto, las privatizaciones de Milei pueden convertirse en una nueva forma de saqueo, que lejos de garantizar eficiencia, profundiza las desigualdades y pone en riesgo el acceso a servicios esenciales para la población.
