El gobierno de Javier Milei anunció una reforma migratoria que introduce cambios significativos en los requisitos para obtener la ciudadanía y la residencia en Argentina. Entre las medidas destacadas, se establece que la ciudadanía solo podrá ser solicitada tras dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin salidas del territorio. Además, se propone una “ciudadanía por grandes inversiones”, que aceleraría el proceso para extranjeros que realicen inversiones significativas en el país. Estas modificaciones se implementarán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
La reforma también endurece las condiciones para la residencia permanente, que solo se otorgará automáticamente a hijos de argentinos. Los padres de estos niños deberán regularizar su situación migratoria para acceder a la residencia. Además, se amplían las causales de expulsión del país, incluyendo delitos menores y la presentación de documentación falsa. Las deportaciones podrán ser ejecutadas de manera más expedita, con menos posibilidades de apelación para los afectados.
Otra medida relevante es la implementación de aranceles para servicios públicos como la salud y la educación universitaria para extranjeros no residentes. El objetivo es evitar el “turismo sanitario” y generar ingresos adicionales para el Estado. Estas políticas han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles restricciones a los derechos de los migrantes y la necesidad de un debate parlamentario más amplio.
