El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva proclama presidencial que impone un veto migratorio total a ciudadanos de 12 países y restricciones parciales a otros siete, argumentando preocupaciones de seguridad nacional. La medida, que entrará en vigor el lunes 9 de junio, ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que la califican de discriminatoria y perjudicial para poblaciones vulnerables.
Los países sujetos a un veto total incluyen a Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por otro lado, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela enfrentan restricciones parciales que limitan la emisión de visas de inmigrante y no inmigrante.
Críticos señalan que la medida afecta desproporcionadamente a países de mayoría musulmana y naciones en crisis humanitaria, como Venezuela y Haití. Además, destacan que el veto podría perjudicar a personas que colaboraron con fuerzas estadounidenses, como intérpretes afganos, y a refugiados que huyen de conflictos o persecuciones.
Aunque la administración Trump justifica la decisión por preocupaciones de seguridad y control migratorio, expertos legales anticipan desafíos judiciales, argumentando que la medida podría violar principios constitucionales y tratados internacionales. La comunidad internacional observa con preocupación las implicaciones de este veto en las relaciones diplomáticas y en la reputación de Estados Unidos como país de acogida.
