El presidente Javier Milei vetó la ley que destinaba $200.000 millones a Bahía Blanca tras las trágicas inundaciones del 7 de marzo que provocaron 16 muertes y dejaron miles de damnificados. La norma, sancionada por amplia mayoría en el Congreso, declaraba la emergencia y la catástrofe en la ciudad bonaerense y en Coronel Rosales. Sin embargo, el Gobierno nacional bloqueó el auxilio por “razones fiscales” y desató una nueva controversia política.
📌 ¿Qué decidió Milei?
El Decreto 424/2025, firmado por Milei, su jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anula la ley 27.790 que otorgaba asistencia económica a los municipios afectados. Según el Ejecutivo, la ayuda ya fue implementada mediante el Decreto 238/2025, que creó el programa SUR (Suplemento Único para la Reconstrucción) con fondos equivalentes. En los fundamentos, el Gobierno sostiene que más del 85% de los inscriptos ya cobraron los subsidios.
Pero la decisión no sólo cierra la posibilidad de nuevos fondos, sino que rechaza explícitamente la inclusión de Coronel Rosales como zona de emergencia, aduciendo que los datos técnicos no justifican su incorporación.
⚠️ Una señal de Milei: la política del veto como herramienta de poder
Este veto presidencial no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de Milei para afirmar su narrativa de “austeridad fiscal” y “lucha contra el despilfarro político”. Sin embargo, al hacerlo, el mandatario desoye el consenso del Congreso, que con 153 votos afirmativos en Diputados y 68 en el Senado avaló la medida, incluso con respaldo de sectores de la UCR y del peronismo.
La negativa a promulgar la ley tensiona aún más la relación entre Nación y las provincias, en un contexto donde varios gobernadores reclaman recortes arbitrarios de fondos y un trato desigual en materia de ayuda social y obras públicas.
🧮 El argumento fiscal y sus límites
El Gobierno justificó el veto alegando que la ley no incluía una fuente clara de financiamiento y por tanto violaba las leyes de responsabilidad fiscal (24.156 y 24.629). Sin embargo, este argumento se enfrenta al drama social que vive Bahía Blanca, con miles de familias que aún no lograron reconstruir sus viviendas y con infraestructura pública dañada en hospitales, escuelas y redes de servicios.
Expertos en política fiscal advierten que el equilibrio presupuestario no puede desatender emergencias humanitarias, especialmente cuando ya existe un antecedente legal votado por el Congreso.
💬 Un conflicto que va más allá de Bahía Blanca
El veto de Milei también debe leerse en clave de poder político y territorial. Bahía Blanca es una ciudad clave de la provincia de Buenos Aires, con fuerte peso electoral y simbólico. Negar asistencia a un municipio afectado por una tragedia natural implica un mensaje claro: el Gobierno central prioriza el ajuste por sobre la reconstrucción, incluso en casos de desastre.
Además, la exclusión de Coronel Rosales, pese al daño sufrido, profundiza la sensación de arbitrariedad en la aplicación de fondos públicos.
📣 ¿Qué puede pasar ahora?
Con el veto consumado, la única vía institucional posible sería que el Congreso insista con una nueva ley, pero para eso necesita una mayoría agravada (dos tercios en ambas cámaras), algo difícil de alcanzar. Mientras tanto, la reconstrucción queda sujeta al criterio unilateral del Ejecutivo, que ya dio por cerrada la asistencia con el plan SUR.
🧭 Conclusión: austeridad selectiva en nombre del ajuste
El rechazo de Javier Milei a la ley de ayuda a Bahía Blanca es una decisión política más que administrativa. Se inscribe en su lógica de enfrentar al Congreso, limitar la expansión del gasto y consolidar su relato de “rescate del equilibrio fiscal”, aún si eso implica desatender emergencias reales. La pregunta que queda flotando es si ese ajuste sin excepciones construye gobernabilidad o mina el respaldo social del proyecto libertario.
