La deportación de Juan Pedro Martínez, un trabajador afrouruguayo con arraigo familiar en Argentina, ha encendido nuevamente el debate sobre la política migratoria del gobierno de Javier Milei. Martínez fue expulsado del país tras intentar renovar su DNI, a raíz de una causa penal de hace cinco años. Este hecho es interpretado por organizaciones de derechos humanos y referentes sociales como una acción intimidatoria.
La controversia se intensifica a la luz del Decreto 366/2025, firmado por el presidente Milei en mayo, que endurece las condiciones de residencia para extranjeros. Este decreto modifica aspectos clave de la ley de migraciones, ciudadanía y acceso a servicios públicos esenciales como educación y salud, y simplifica los procesos de deportación, incluso por infracciones menores.
Diversas voces críticas se han alzado contra la deportación de Martínez. Desde el Frente de Izquierda, se calificó el hecho como un “montaje para amedrentar”, mientras que el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) lo tildó de “fascista y racista”, además de “xenófobo y arbitrario”. Los críticos subrayan que Martínez ha residido en Argentina durante 20 años y es padre de dos hijos argentinos, y que su antecedente legal ya había sido resuelto.
El gobierno de Milei, además, estaría preparando una reforma migratoria aún más profunda a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que, aunque aún no se ha publicado, se espera que restrinja aún más el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y amplíe las causales de deportación. Esta situación genera preocupación por una posible criminalización de la pobreza y la estigmatización de la población migrante en un país con una rica historia de inmigración.
