El gendarme Héctor Jesús Guerrero fue finalmente citado a prestar declaración indagatoria el 2 de septiembre a las 10 h, por la jueza María Servini, tras el fuerte impacto del balazo de gas lacrimógeno en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo. Además, se le impuso la prohibición de salir del país.
La citación llega 131 días después del incidente del 12 de marzo, en el marco de un operativo represivo contra una protesta de jubilados. Grillo resultó gravemente herido, con fractura encefalocraneana y pérdida de masa cerebral, tras recibir un disparo en línea recta, lo que violaría protocolos del uso de armas menos letales.
Mientras la querella, representada por CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, insistía por tercera vez en la indagatoria –y acompañaba pruebas como videos y análisis que demuestran el disparo horizontal –, Gendarmería concluyó en un sumario interno de solo 24 horas que todo fue un “hecho fortuito” y que Grillo se colocó “en línea de tiro”. Ese relato contradice las imágenes que evidencian un evidente uso indebido del arma.
La demora en la respuesta judicial y la defensa institucional desplegada por la fuerza muestran una preocupante tendencia a impunidad, incluso ante hechos que pusieron en riesgo la vida de un trabajador de prensa. La citación y restricciones al gendarme son un avance, pero la investigación aún debe profundizar responsabilidades políticas y jerárquicas.
