Una grabación secreta con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo su intervención como “gestor” para un exagente de inteligencia estadounidense acusado por Patricia Bullrich de múltiples abusos, desató un escándalo político que profundiza las internas dentro de la Casa Rosada y pone en jaque la estabilidad del gabinete de Javier Milei.
Un conflicto que desnuda las tensiones internas del oficialismo
El video, difundido por el canal C5N, muestra a Cúneo Libarona negociando con Timothy Ballard —quien se presenta como exagente y activista contra la trata de personas pero enfrenta 23 denuncias por abuso— la posibilidad de abrirle puertas en la justicia, en el Congreso y en medios periodísticos, con el objetivo de “subsana[r] un malentendido” que ya había generado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al impedir un encuentro entre Ballard y el presidente Milei.
Este episodio no solo visibiliza un choque directo entre dos figuras clave del gabinete —Bullrich y Cúneo Libarona— sino que revela un gobierno fragmentado, con sectores que actúan sin coordinación y con lógicas contrapuestas. Mientras la ministra de Seguridad ejerce un veto basado en denuncias y cuestionamientos éticos, el ministro de Justicia aparece como facilitador de un personaje polémico, generando sospechas sobre el manejo discrecional del poder y las influencias detrás de escena.
Políticas contradictorias y descontrol institucional
El escándalo desnuda además las dificultades de un Gobierno que pretende mostrarse como “antipolítico” y de “mano dura” en temas de seguridad y justicia, pero que se ve envuelto en situaciones que comprometen su credibilidad. La oferta de Cúneo Libarona de gestionar acceso a jueces, proyectos de ley y periodistas para Ballard también pone en tela de juicio la transparencia institucional y abre interrogantes sobre el uso político y personal de los cargos públicos.
El hecho ocurre en un contexto en el que el Ejecutivo ya enfrenta crecientes cuestionamientos por su estilo autoritario y su débil cohesión interna, a lo que se suman demandas de ética y mayor control sobre la administración pública. La ausencia de un discurso unificado y el protagonismo de figuras con agendas cruzadas fortalecen la percepción de un gobierno desordenado y permeable a intereses particulares.
Reacciones y consecuencias políticas
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó minimizar el impacto señalando que la conversación fue “sobre un tema que es una preocupación”, y rechazó pedir la renuncia de Cúneo Libarona. Pero la oposición no dudó en capitalizar el escándalo. Diputados de diversos bloques, desde el Frente de Todos hasta la Coalición Cívica, presentaron pedidos de juicio político y denuncias penales por posibles delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad y gestión ilegal de intereses.
Referentes como Agustín Rossi tildaron al ministro de Justicia como “insostenible” y compararon las prácticas del Gobierno con la corrupción de los años 90, evidenciando que la crisis pone en riesgo la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Por otro lado, voces especializadas y exfuncionarias cuestionan la idoneidad del ministro y su trayectoria, señalando vínculos con sectores cuestionados del Poder Judicial y prácticas incompatibles con la función pública.
Un gobierno en jaque por sus contradicciones internas
Este episodio es sintomático de una administración marcada por profundas divisiones internas, falta de coordinación y manejo irregular de los recursos institucionales. La figura de Cúneo Libarona, que actúa casi como un gestor paralelo dentro del Ejecutivo, contrasta con la postura pública oficial y expone una realidad compleja: la convivencia tensa entre personajes con agendas enfrentadas, lo que dificulta una política clara y coherente en materia de justicia y seguridad.
De cara al futuro, el Gobierno deberá decidir si mantiene esta estrategia fragmentada o si impone un control interno más estricto para evitar que estas disputas afecten su imagen y su capacidad de gestión. El escándalo, mientras tanto, deja una pregunta abierta sobre hasta dónde llegará la crisis y qué costo político y social implicará para la administración de Milei.
