📡 El gobierno de Milei bajo la lupa por presunto espionaje ilegal
Un documento filtrado en las últimas horas volvió a poner a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el centro de la polémica. Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon, el organismo habría espiado a dirigentes de la oposición, gremios, organizaciones de jubilados y hasta personas con discapacidad. La información ya generó movimientos en el Congreso y podría derivar en una denuncia judicial por violación a la Ley de Inteligencia.
🕵️ ¿Qué se sabe del informe de la SIDE?
El reporte, titulado “Hechos previstos 09JUL25”, fue elaborado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una estructura recientemente creada por el Gobierno de Javier Milei como réplica local de la NSA estadounidense. Esta agencia, conducida por el excomisario Alejandro Cecati, fue autorizada por el DNU 614/2024 para intervenir en temas de “seguridad interior”. Sin embargo, la vigilancia sobre actores políticos, sindicales y sociales va en contra de lo estipulado por la Ley 25.520, que prohíbe expresamente estas prácticas.
👥 ¿Quiénes fueron espiados?
El informe menciona reuniones de figuras opositoras como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes y Wado de Pedro. También se detalla la actividad de sindicatos como la CGT y la CTA, junto con agrupaciones como La Cámpora, el PJ bonaerense, la UCR y la Coalición Cívica. De forma alarmante, también se incluye el seguimiento de manifestaciones de jubilados y personas con discapacidad, lo que revela un patrón de vigilancia sobre sectores históricamente vulnerables.
⚖️ ¿Qué dice la Ley y qué reclaman los referentes políticos?
El artículo 4° de la Ley de Inteligencia prohíbe la recopilación de datos sobre personas por su afiliación política, sindical, cultural o cualquier otra actividad lícita. Para Cristina Caamaño, exinterventora de la AFI, se trata de una violación clara de la norma. Agustín Rossi fue aún más tajante: “Esto no es inteligencia estratégica, es persecución política”.
Desde Unión por la Patria (UxP) trabajan en una denuncia judicial, mientras que el senador Martín Lousteau convocará a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Servicios de Inteligencia. Por su parte, Leopoldo Moreau denunció públicamente: “No vamos a naturalizar estas prácticas de persecución. Vamos a defender la democracia y el Estado de Derecho”.
🧠 Espionaje político como herramienta de control
Desde sectores políticos y sociales advierten que este presunto espionaje no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de vigilancia para controlar la conflictividad social en medio del fuerte ajuste económico. La SIDE, bajo dirección de Sergio Neiffert, responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo, y habría elaborado un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que autoriza el seguimiento de opositores, periodistas y hasta defensores del ambiente o recursos naturales.
El monitoreo se habría extendido incluso a protestas sociales y sindicales, como las que se dan cada miércoles en el Congreso, involucrando a ministerios, fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya presentó una denuncia en Comodoro Py, actualmente en trámite en el juzgado de Sebastián Casanello.
🔥 Un Gobierno acorralado que recurre a viejas prácticas
Para Myriam Bregman, diputada del FIT y presidenta del CeProDH, el espionaje responde a un Gobierno debilitado, con creciente oposición social y conflictos internos. “No se trata solo de una violación legal, sino de un síntoma político: el Ejecutivo recurre al aparato de inteligencia para anticiparse a sus críticos y sostener su proyecto de ajuste”, afirmó.
Este nuevo escándalo ocurre a pocos días de otra polémica: la filtración de un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofrecía lobby a un empresario extranjero vinculado a casos de abuso, lo que también generó fuerte repudio incluso desde el propio oficialismo.
🧭 ¿Hacia dónde va la política de inteligencia de Milei?
La restauración de la SIDE y su intervención en el monitoreo político reaviva los peores recuerdos del espionaje estatal en Argentina, como durante el macrismo con el caso ARA San Juan. Lejos de limitar su alcance, el Gobierno parece reforzar el aparato de inteligencia con lógica represiva, mientras sostiene una narrativa de “enemigos internos” para legitimar el ajuste, la represión y la criminalización de la protesta.
