Tras una jornada legislativa adversa, el Gobierno reconoció haber perdido “todas” las votaciones en la Cámara de Diputados. En respuesta, Guillermo Francos adelantó que el presidente Javier Milei vetará todas las leyes que se aprueben en contra de su programa de ajuste, evidenciando la fragilidad política del oficialismo y su aislamiento parlamentario.
📉 Una derrota parlamentaria sin atenuantes
En declaraciones a una radio oficialista, el jefe de Gabinete admitió sin rodeos: “Perdimos todas”. El sincericidio no fue solo una muestra de honestidad sino una forma de anticipar que la única carta que le queda al Gobierno es el veto presidencial, mecanismo que Milei ya ha utilizado sistemáticamente para bloquear avances legislativos en salud, educación y derechos sociales.
Durante la sesión, la oposición no solo rechazó cinco decretos presidenciales, sino que además dio media sanción a proyectos con fuerte respaldo social: la emergencia pediátrica que protege al Hospital Garrahan, el financiamiento universitario, y dos iniciativas clave promovidas por gobernadores sobre distribución de recursos (ATN) e impuestos a los combustibles. 
💣 El veto como amenaza y síntoma de debilidad
La respuesta del oficialismo fue contundente pero poco institucional: “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, advirtió Francos, dejando en claro que el Poder Ejecutivo se niega a acatar decisiones democráticamente adoptadas por el Congreso. En vez de negociar, el Gobierno recurre a un mecanismo extremo para blindar su programa de ajuste, incluso si eso implica bloquear políticas con amplio consenso parlamentario.
Desde un punto de vista político, esta actitud muestra que Milei no gobierna con mayorías, sino con amenazas. El veto, lejos de ser un recurso excepcional, se ha convertido en la herramienta de gobierno por defecto frente a una Cámara que, incluso con bloques fragmentados, logró articularse para frenar medidas que afectan directamente a jubilados, universidades públicas, el sistema sanitario y las provincias.
🧮 El relato del equilibrio fiscal como justificativo ideológico
Francos intentó justificar los vetos aduciendo que las leyes aprobadas “afectan el equilibrio fiscal”. Sin embargo, el Gobierno omite deliberadamente que dicho equilibrio se ha conseguido a costa de un brutal recorte del gasto social, y sin transparencia sobre el impacto real en la economía real y los sectores más vulnerables.
A tono con la narrativa oficial, el jefe de Gabinete también responsabilizó a la oposición por “hacer demagogia” en contexto electoral. Acusó al kirchnerismo, pero también a sectores del radicalismo, la Coalición Cívica y partidos provinciales, por “votar con ellos”. Lejos de asumir la falta de consenso de su programa, el Gobierno opta por reprochar la existencia misma del Congreso como contrapeso institucional.
🏛️ Un Poder Ejecutivo que niega el rol del Congreso
Francos criticó con dureza que la Cámara baja intentara revertir desregulaciones hechas mediante facultades delegadas, y se quejó de que esa acción generaría “más gasto”. Pero con ello puso en duda el rol constitucional del Parlamento, que tiene la potestad de debatir, modificar o rechazar decisiones del Ejecutivo si considera que vulneran derechos o afectan el interés público.
Al decir que “si el Congreso quiere imponernos gasto público, va a costar mucho salir del pozo”, el Gobierno confirma su visión unilateral del poder, donde el Legislativo debe subordinarse al plan económico presidencial sin objeciones. Esta lógica va en contra de los principios básicos del sistema republicano, donde el debate democrático es garantía de gobernabilidad y no un obstáculo.
🧭 Análisis final: la democracia frente a la motosierra
El mensaje de Francos refleja no solo la tensión creciente entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también una deriva autoritaria en el estilo de gobierno de Javier Milei. Ante su incapacidad para construir consensos, la estrategia oficial es el aislamiento, los vetos y la confrontación permanente. El problema para el oficialismo es que la realidad legislativa ya no le responde, y lo ocurrido en Diputados marca un punto de inflexión político: la motosierra ya no pasa sin resistencia institucional.
El Congreso, aún fragmentado, empieza a ocupar el lugar que la Constitución le otorga. Y frente al veto presidencial, la disputa no solo será legal o parlamentaria, sino profundamente política: ¿qué proyecto de país se está defendiendo y cuál se está resistiendo?
