El Gobierno avanza con el ajuste más fuerte de los últimos años. En medio de la búsqueda del equilibrio fiscal, el gasto público creció menos que la economía, reflejando una contracción real que ya golpea a los sectores más sensibles del Estado.
Durante los primeros nueve meses del año, los recortes se profundizaron en subsidios a la energía, el transporte y la obra pública. También se redujo drásticamente el presupuesto de organismos estatales, programas sociales, salud, educación y ciencia. Miles de trabajadores del sector público quedaron en la mira de una política que apunta a reducir el tamaño del Estado a toda costa.
En el área social, los ajustes son cada vez más evidentes: menos fondos para asistencia alimentaria, comedores y programas de niñez y familia, mientras los salarios estatales pierden poder de compra frente a la inflación. El impacto también se siente en la infraestructura: varias obras fueron paralizadas o canceladas por falta de recursos.
El Gobierno celebra la desaceleración del gasto como un logro fiscal, pero los economistas advierten que la estrategia podría enfriar la economía y agravar la situación de los sectores más vulnerables. Aun así, la Casa Rosada insiste en que este es el único camino para “sanear las cuentas” y recuperar la confianza internacional.
Mientras tanto, los números del presupuesto 2026 confirman que el plan de ajuste continuará. Si los ingresos caen, se aplicarán nuevos recortes automáticos, especialmente en áreas no prioritarias.
Con una inflación persistente, una economía estancada y un Estado cada vez más debilitado, el país enfrenta una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede resistir la sociedad argentina este ajuste sin romperse por completo?
