La obra pública quedó prácticamente congelada en 2025 como resultado del ajuste impulsado por el Gobierno. Bajo el discurso del orden fiscal, la motosierra avanzó sobre rutas, viviendas y servicios esenciales, dejando al país con obras abandonadas y una infraestructura cada vez más deteriorada.
Según un informe del CEPA, el gasto de la Administración Pública Nacional cayó casi un 29% real respecto de 2023. El recorte golpeó con fuerza al transporte y la obra pública, donde la ejecución fue mínima. Programas clave como Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedieron un 98%, mientras que la infraestructura en municipios directamente no tuvo ejecución.
El ajuste también arrasó con la inversión social: Vivienda y Urbanismo cayó un 98% y Agua Potable y Alcantarillado un 92%. Esto implica menos casas, redes obsoletas y servicios básicos al límite, en un país con crecientes necesidades.
Desde distintos sectores advierten que sin inversión no hay competitividad ni desarrollo. Sin embargo, el Gobierno eligió recortar donde más se siente. El resultado es claro: rutas destruidas, obras frenadas y un Estado ausente que deja a millones de argentinos pagando el costo del ajuste.
