Ante la difusión de audios que revelarían un entramado de sobornos, el presidente decidió desplazar preventivamente al director del organismo y trasladar su gestión al Ministerio de Salud. La decisión busca garantizar la operatividad del ente en medio del escándalo.
En una medida de alto impacto político, el Ejecutivo ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), eliminando preventivamente a su director y reasignando su gestión al Ministerio de Salud. El objetivo declarado es asegurar la continuidad del organismo y preservar su funcionamiento institucional, en un contexto de creciente tensión pública tras revelaciones comprometedoras.
La intervención ocurre luego de que circularan audios atribuibles al ex titular del organismo, en los que se refería a un supuesto sistema de coimas vinculadas al sector farmacéutico y a empresas proveedoras del Estado. En dichos registros, se menciona la obligación implícita de transferir un porcentaje del negocio de medicamentos hacia negocios vinculados con el círculo presidencial. Esta situación desató críticas por la evidente contradicción entre la retórica anticorrupción del Gobierno y las prácticas internas denunciadas.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca contener el escándalo mientras transita un año electoral cargado de presiones. La intervención apunta a reducir el impacto político, controlar el daño institucional y mantener el financiamiento y atención a los programas más vulnerables. El futuro del organismo ahora depende de una gestión bajo la órbita sanitaria, en medio de una crisis de credibilidad y transparencia.
