La Justicia federal archivó la causa que investigaba la visita realizada por seis diputados del espacio libertario a presos condenados por delitos de lesa humanidad en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza, resolviendo que no hubo responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en facilitar el ingreso a los legisladores.
El juez Luis Armella, con apoyo del fiscal Sergio Mola, concluyó que el SPF no cometió ilícito alguno y dictaminó que la visita fue una “recorrida” institucional, en lugar de un acceso privilegiado. Esta figura legal eximió al personal penitenciario de aplicar protocolos más rigurosos como detectores o retención de celulares.
El archivo de la investigación llega once meses después de que los legisladores de La Libertad Avanza ingresaran sin revisiones, se fotografiaran con genocidas como Alfredo Astiz y otros condenados, y circularan chats que demostraban conexiones políticas y religiosas para facilitar el acceso.
La decisión judicial generó fuertes críticas de defensores de derechos humanos y de figuras como el abogado Pablo Llonto, quien acusó al Poder Judicial de proteger “coronitas” y beneficiar a legisladores con impunidad, en contraste con el trato que reciben los sectores populares.
Con el cierre del caso, los diputados libertarios evitan sanciones y el foco se traslada ahora al debate político e institucional: se reactivan los reclamos de organismos de derechos humanos, la responsabilidad política de Patricia Bullrich como ministra y el alcance de la inmunidad de los legisladores en casos sensitivos.
