Desde la asunción de Javier Milei y la derogación de la Ley 26.160, que suspendía desalojos y promovía el relevamiento territorial indígena, se multiplicaron los operativos de desalojo en todo el país. Organizaciones de derechos humanos denuncian una avanzada sistemática sobre comunidades indígenas y campesinas, con operativos policiales masivos, uso excesivo de la fuerza y procesos judiciales arbitrarios.
“La política territorial libertaria es el despojo”, sentenció María Elena Naddeo, secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), al referirse al contexto actual. Desde Jujuy hasta el sur argentino, comunidades denuncian atropellos promovidos por intereses empresariales y aval judicial.
Testimonios desde el territorio
Néstor Jerez, cacique de la comunidad Okloya y referente del Tercer Malón de la Paz, denunció desde Buenos Aires “una violencia institucional sistemática” y reclamó una ley de propiedad indígena que reconozca y proteja los territorios ancestrales.
La comunidad kolla Guerrero, en Tilcara, fue desalojada por 300 policías pese a tener personería jurídica. En el operativo, una anciana de 100 años fue retirada de su casa en una cama y abandonada. Julio Cruz, uno de los integrantes, fue luego amenazado y judicializado. Casos similares se repiten en Santiago del Estero, donde el Movimiento Campesino (MOCASE) denuncia persecución, criminalización y violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
En Tucumán, la comunidad Colalao fue despojada de una zona ancestral conocida como Piedra Pintada. “Ponen cercos, disparan a nuestros animales. Nos quieren desaparecer”, afirmó Pedro Chávez, su cacique.
Justicia parcial, represión total
Las comunidades acusan a jueces y funcionarios locales de actuar como aliados de empresarios turísticos, inmobiliarios y del agronegocio. La comunidad Cueva del Inca, en Tilcara, logró frenar un desalojo con una vigilia permanente, pero sigue en estado de alerta. La jueza Lis Valdecantos Bernal, que ordenó el operativo, ya había avalado otros desalojos violentos en la zona.
Sullka Wara Quinteros, del pueblo diaguita, denunció que “se criminaliza la identidad indígena” y que el racismo atraviesa los juicios. “Los jueces no comprenden lo que significa nuestra identidad. Necesitamos una ley de propiedad comunitaria ya”, reclamó.
Mientras el gobierno nacional promueve marcos legales que favorecen la explotación extractivista, las comunidades originarias y campesinas enfrentan un escenario de desprotección total y creciente violencia institucional.
