El Gobierno oficializó el nuevo Régimen Penal Juvenil: ahora los chicos de 14 años podrán ir presos. Mientras se recortan comedores y programas de infancia, la única respuesta oficial para los barrios es la cárcel.
Argentina se despierta hoy con una noticia que estremece el tejido social: la oficialización de la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años. En un contexto de crisis profunda, donde la inflación no da tregua y los barrios populares sufren el abandono más crudo de las últimas décadas, la respuesta del Estado no es más escuela, ni más trabajo, ni más deporte: es más rejas.
¿Seguridad o populismo penal? Desde Info del Plata nos preguntamos: ¿A quién beneficia realmente esta medida? Mientras las calles todavía resuenan con los reclamos del 8M por los recortes en políticas de género y asistencia social, el Gobierno elige el camino más corto. Es más barato construir una celda que garantizar que un pibe de 14 años tenga las tres comidas diarias y un horizonte de futuro.
El abandono de los barrios La realidad en Ituzaingó, en Merlo y en todo el conurbano nos muestra una foto distinta a la que se ve en los despachos oficiales. Los pibes están en la calle porque no hay redes de contención. Bajar la edad de imputabilidad es admitir que el Estado llegó tarde. Es castigar la consecuencia sin atacar la causa: la pobreza estructural que este mismo modelo económico está profundizando.
La salida no es el encierro La justicia social no se declama, se ejerce protegiendo a los más vulnerables. Tratar a un niño como a un adulto criminal es renunciar a la posibilidad de recuperarlo. Hoy la Argentina elige el castigo por sobre la educación. Es, sin dudas, el certificado oficial de un fracaso social que nos duele a todos.
